El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, le envió hoy al Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE) un pedido formal para que le quite la concesión a Edesur, luego de los reclamos que recibió por los cortes del servicio y por considerar que se agotaron todas las instancias para que la empresa se comprometa a realizar las inversiones que nunca hizo.
Lorenzino consideró que el ENRE «debería tomar la decisión drástica con el contrato» de la empresa Edesur, ya que consideró que «no» brinda el servicio de acuerdo a la facturación y tampoco realiza las inversiones comprometidas. «Los bonaerenses no hemos podido lograr un servicio razonable acorde a lo que se paga, a pesar de los cuadros tarifarios que se multiplicaron por cinco, siete y hasta por diez», sostuvo el funcionario provincial.
Al respecto, Lorenzino cuestionó que «no se hicieron las inversiones de 15 mil millones que propusieron» tanto a los intendentes como al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). En diálogo con el programa «Ruleta Rusa», conducido por Nancy Pazos por Rock and Pop, el defensor del Pueblo bonaerense afirmó que que «cuando no hay control del Estado como ocurrió en los últimos cuatro años, más allá de tener los recursos no hicieron las obras» y precisó que en el caso de EDESUR «ese incumplimiento es total».
Al respecto, consideró que «las multas por más de 600 millones de pesos a la EDESUR por algo se las aplican». Por otra parte, se refirió a EDENOR, diciendo que «en general los planes de obras que planteó con los municipios los cumple, más allá de cortes razonables» pero que son diferentes a EDESUR.
En su reclamo formal, la Defensoría consideró que Edesur no se encuentra en condiciones de prestar el servicio del cual es concesionaria, por lo que solicitó al ENRE la rescisión de la concesión debido a las fallas en el suministro eléctrico y en los planes de obras a los que no llevó adelante a pesar de comprometerse a ello. .
En ese sentido, precisó que se encuentran agotadas las instancias de diálogo con Edesur, debido a que se intentaron mediaciones con los municipios afectados, se promovieron acciones judiciales y reuniones en la sede de la Defensoría, además de las multas que le aplico el propio ENRE en 2018 y 2019, y de todos los reclamos recibidos en el organismo.
La Defensoría le pidió formalmente al ENRE que «arbitre todos los medios a su alcance a fin constatar la situación descripta y eventualmente sancionar a la empresa con la máxima de las penas que existen dentro de las normas que regulan la concesión vigente, que es la revocación de la concesión a Edesur».
En detalle, el organismo consideró que existe una «flagrante vulneración de los derechos de los usuarios» debido a la deficiente prestación del servicio por parte de la Edesur, los reiterados cortes registrados en la provisión de energía, los numerosos reclamos por parte de los usuarios, las multas impuestas por el Órgano de Control, la afectación de los intereses económicos de los usuarios a partir de los aumentos tarifarios registrados en estos últimos años, y la falta de cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por la empresa.
A su vez, el organismo indicó que la provisión de los servicios públicos es un derecho humano esencial que exige que no sea interrumpido, una obligación que Edesur no cumple en distintos lugares del área de concesión.
Además, le suma el carácter monopólico de su prestación, que convierte a los usuarios en clientes cautivos de la empresa, dejándolos sin libertad de decisión y elección, con la única opción de aceptar el servicio que le es impuesto o quedarse sin él.
