CASO LUCAS GONZÁLEZ: INSÓLITA SITUACIÓN POR LA INSTALACIÓN DE UN BAÑO QUÍMICO EN LA CASA DE LA FAMILIA DE UN SOBREVIVIENTE

La familia de uno de los sobrevivientes al crimen del joven futbolista de Barracas Central Lucas González se quejó porque la Gendarmería Nacional, que tiene asignada su custodia después de que sufrieran varias intimidaciones, le instaló un baño químico en la puerta de su casa.

  La familia había denunciado dos hechos de presunta intimidación a través de sendos ataques a las dos camionetas -una particular y otra laboral-, que suelen utilizar.
   Los vehículos sufrieron daños en los neumáticos, cerradura y una ventanilla, los cuales quedaron registrados en videos de cámaras de seguridad particulares que ya fueron aportadas al Tribunal Oral número 25, que tiene asignado el juicio contra los policías detenidos por el homicidio y por encubrimiento.
   El citado tribunal asignó una custodia para la familia que, según consta en documentación a la que accedió NA, «a partir del 8 de julio se encuentra ejecutada por personal de la sección Varela, dependiente del Escuadrón de Seguridad Ciudadana Sur de la localidad de Florencio Varela».
   Esa custodia está integrada por «tres efectivos y un vehículo identificable de la fuerza».
   «En razón de cubrir el bienestar personal de los efectivos que brindan seguridad en dicha custodia, siendo la misma de vital importancia, esta jefatura adoptó medidas de comando respectivo, optando por la colocación de un baño químico en la vereda del domicilio», explicó la documentación.
   Ello, según una nota firmada por Juan de la Cruz Jaime, comandante principal del Escuadrón, generó la protesta de la familia.
   «Se recepcionó un llamado telefónico expresando en forma prepotente y altanera el malestar y la disconformidad por la presencia del baño químico colocado en la vereda y que se proceda inmediatamente al retiro del mismo», explicó la nota.
   La Gendarmería justificó la decisión de instalar un baño químico en la puerta del domicilio custodiado en que «se solicitó a la familia la posibilidad de acceso a un baño para el personal, obteniendo una respuesta negativa».
   El informe explica además que el lugar más cercano para que los efectivos pudieran acceder a un baño «se encontraba a 800 metros aproximadamente de la mencionada custodia», lo que podía afectar la calidad del servicio de protección para la familia amenazada

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