Las cooperativas tendrán paradas y horarios de trabajo en la calle, mientras que sus integrantes serán reconocidos como «recuperadores ambientales» y tendrán el 100% una paga.
El gobierno porteño relanzará el sistema de recolección de reciclables que hacen los cartoneros: serán reconocidos como un servicio público, tendrán rutas monitoreadas y se establecerán paradas para el acopio de material sólo en lugares seleccionados. Estos son algunos de los cambios que comenzarán a regir el año próximo, que pretenden mejorar el servicio al tiempo que buscan incorporar el hábito de la separación de residuos entre los vecinos.
La recolección que hoy hacen las 12 cooperativas de cartoneros que trabajan en el distrito asciende a unas 970 toneladas de material reciclable por día, según números oficiales. El gobierno entiende que el servicio puede ser más eficiente y estar más ordenado, aunque fue necesario hacer una fuerte inversión para poder dotar de capacidades a las organizaciones de recuperadores.
«Si los vamos a reconocer como servicio público, antes teníamos que hacer una inversión para poder cumplir con los vecinos, garantizar que las cooperativas cumplan el circuito y asegurar que trabajen cumpliendo con todas las condiciones», explicó a Infobae Renzo Morosi, subsecretario de Higiene Urbana porteño.
El presupuesto extra con el que contó el área asciende a 1.245 millones de pesos, es decir con $243 millones por encima del original, monto que se destinó a las obras en centros verdes, logística vehicular, alquileres y a diseñar el plan de paradas para las cooperativas.
Pero no sólo es inversión lo que incluye la nueva estrategia: habrá 96 paradas en toda la ciudad en las que las cooperativas podrán separar y pesar el material que se recolectó en cada zona, con horarios determinados.
Cada cooperativa tendrá una zona asignada que deberá atender y llevar el material a esos puntos por donde pasará un camión con ruta obligatoria y monitoreada. Los 5.400 cartoneros serán reconocidos como recuperadores ambientales, eso significa que todos cobrarán unos 13.200 pesos. Hasta ahora, el 50% de ellos cobraba este monto, el resto, la mitad.
«El gobierno está comprando 57 camiones para que se pueda hacer bien el trabajo. Las campanas verdes se reubicarán sólo en barrios con casas bajas como Saavedra los de la comuna 8. En las áreas con edificios, el trabajo será de las cooperativas y seguirán disponibles los puntos verdes que ya suman 300», detalló el funcionario.
Pero no sólo los recuperadores tendrán más controles. Los encargados de los edificios, muchos de los cuales ya cobran un plus por la separación del material.Desde el año próximo tendrán una capacitación obligatoria con mayores exigencias y habrá controles e inspecciones para asegurarse de que este eslabón del sistema funciona.
Respecto de los vecinos, en el ministerio no evalúan por el momento la sanción por incumplimiento. Aseguran que seguirán trabajando en la concientización. En el gobierno aseguran que el año próximo se sumarán plantas de recuperación, como la que ya funciona en Varela, en Barracas y en Saavedra y que esto ayudará en el proceso.
En las cooperativas de cartoneros consultadas por Infobae fueron cautos. «Se está comprando material y han venido ingenieros e inspectores a las plantas, pero tenemos que ver cómo se pone en marcha. Hace años venimos reclamando atención para poder mejorar el servicio para los vecinos», dijo Alicia Montoya de El Álamo.
La Ciudad genera 7328 toneladas por día de residuos y unas 3000 se entierran en el relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) que tiene en la localidad bonaerense de San Martín. Las autoridades de la empresa estatal sostienen que dentro de cinco años el predio agotará su capacidad si no hay reducción de las toneladas que se reciben; cabe aclarar que a ese vertedero llegan otras 10.000 toneladas de distintos partidos bonaerenses.
El destino final de los residuos domiciliarios es uno de los problemas más complejos que tiene la ciudad de Buenos Aires, especialmente porque no hay terrenos disponibles en el distrito para utilizar, por ejemplo, nuevos rellenos sanitarios.
La solución que propone el gobierno local apunta a incorporar en el sistema la incineración de residuos con producción de energía. Este año el Poder Ejecutivo consiguió sancionar una reforma a la ley de basura cero por la cual se permite el funcionamiento de esta tecnología en Buenos Aires. Hace dos semanas la justicia levantó la medida cautelar que tenía suspendido el proceso.
Lo único que, según esa norma, puede ser utilizado para la termovalorización son los residuos húmedos, es decir lo que recolectan las empresas de residuos que operan en el distrito y por la cual en 2019 recibirán 17.500 millones de pesos, según el detalle presupuestario que se sancionó en la Legislatura la semana pasada.
La idea oficial es instalar esas centrales que contarán con un espacio para el Tratamiento Mecánico Biológico de la Basura (MBT, por sus siglas en inglés y consiste en separar los residuos que no hayan sido separados) y el sector de termovalorización. Tienen un costo que oscila entre los 400 y los 800 millones de dólares y el modelo es de inversión privada. La recuperación del capital se concretará con la venta de la electricidad al mercado energético, según aseguran en las dependencias oficiales. Esta intención con el actual precio de la energía y la devaluación aparece más alejada por el momento.
En América Latina no hay plantas de termovalorización instaladas como las que se piensan para Buenos Aires. Hay un proyecto en México DF, que debe tratar unas 13000 tn diarias de basura, que se pondrá en marcha próximamente pero que ha tenido mucha resistencia de ONGs y sectores sociales.
