El acuerdo aceptado por el Gobierno de Mauricio Macri para saldar la deuda del Correo Argentino fue «perjudicial para el Estado», según determinó un estudio de una dirección que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de una pericia realizada sobre el «Caso Correo» por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende del máximo tribunal de Justicia de la Nación.
El estudio había sido solicitado por el juez Ariel Lijo, quien está a cargo de la investigación sobre la posible comisión de delitos de ex funcionarios del Gobierno de Cambiemos, entre ellos el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, por el acuerdo sobre el Correo Argentino.
De esta manera, el estudio sobre el acuerdo que en 2016 aceptó el Estado nacional para dejar saldada la deuda concursal con empresa Correo Argentino S.A. avaló la postura de la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien en su momento había impugnado dicho convenio por «abusivo», por lo que el acuerdo nunca se llegó a concretar.
A partir de lo dictaminado por la representante del Ministerio Público se dio lugar a varias denuncias, entre ellas una de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que originó la causa judicial que tienen en sus manos el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 4.
A partir de allí se abrió el expediente para determinar si los entonces funcionarios habían incurrido en algún delito y quedó en manos de la Dajudeco la investigación de cada una de las propuestas sobre la deuda del Correo, que en la década del 90 se había privatizado y pasado a formar parte del grupo de la familia Macri por un monto de 296 millones de pesos, al momento de rescisión del contrato durante el gobierno de Néstor Kirchner.
