Tras el masivo apagón que afectó a buena parte de la Ciudad en la tarde del martes, la Defensoría del Pueblo porteña intimó a las empresas Edesur y Edenor, así como al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Entre otras cosas, les solicitó que “se abstengan de adoptar medidas tendientes a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios con aumentos en el servicio público de electricidad durante el año 2019 y los sucesivos periodos hasta tanto no acrediten mejoras en los niveles de calidad y eficiencia del servicio”.
La Defensoría manifestó su “profunda preocupación por el masivo corte de suministro de electricidad del día de ayer, que afectó a más de 145 mil domicilios de 25 barrios de la Ciudad”. Mediante un comunicado, advirtió que “este apagón implica un grosero incumplimiento al contrato de concesión, así como también un grave menoscabo a miles de usuarios, tanto en los daños materiales que implica la pérdida de alimentos, la afectación del servicio de agua, las interrupciones de semáforos y servicios de trenes y subterráneos, que deben ser reparados”.
Además, la entidad planteó que los cortes reiterados no sólo representan un “hostigamiento” para el usuario, sino que además se registra un “comportamiento temerario por parte de la empresa que se niega a pagar multas y resarcimientos firmes, presenta intimaciones amenazante y extorsivas a usuarios con demoras en el pago de facturas y realiza bajas del servicio en hogares donde habitan niños, ancianos, personas con discapacidad y personas gestantes”.
El Defensor Adjunto del Pueblo, Gabriel Fuks, exigió sanciones a las empresas suministradoras de energía porque “no cumplen los compromisos y las inversiones, mientras avanzan con los aumentos de las tarifas”.
“Los únicos perjudicados, los que pagan y padecen los cortes son los vecinos, entre ellos electrodependientes, adultos mayores, que terminan siendo rehenes de estas empresas, que realizan tipo de prácticas consideradas abusivas e intimidatorias y contrarias a lo regulado por la Ley de Defensa del Consumidor”, denunció Fuks.
Ante este panorama, la Defensoría exhortó a empresas y funcionarios a que:
A) Informen detalladamente zonas afectadas, indicando desperfectos que se produjeron, cómo se resolvieron, y tiempo que se demoró en restablecer el servicio en cada caso.
B) Indiquen si tienen diagnóstico sobre los errores que se cometieron en las medidas preventivas para evitar el apagón de fecha 22 de enero de 2019.
C) Brinden la información que disponga sobre medidas que las empresas distribuidoras del ámbito metropolitano adoptarán para evitar que se generen cortes masivos del servicio los días en que la temperatura supere los 30 grados.
D) Se abstengan de adoptar medidas tendientes a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios con aumentos en el servicio público de electricidad durante el año 2019 y los sucesivos periodos hasta tanto no acrediten mejoras en los niveles de calidad y eficiencia del servicio acorde a lo que dispone la Constitución Nacional, la ley 24065 y el Contrato de Concesión del Servicio.
E) Dicten las reglamentaciones necesarias para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica se abstengan de realizar suspensiones del servicio por falta de pago, atento al delicado escenario social descripto.
