CONFIRMAN CONDENAS A UNA VEINTENA DE INTEGRANTES DE LA SALADA, LA FERIA ILEGAL MÁS GRANDE DEL MUNDO

La Cámara de Casación Bonaerense confirmó las condenas de entre tres y ocho años de cárcel para 21 integrantes de la denominada Feria de la Salada por varios delitos, entre ellos, extorsión a los comerciantes del predio ubicado en el partido de Lomas de Zamora. .

  Según la investigación, ellos eran quienes vendían protección a las personas que tienen sus puestos en la denominada feria informal más grande del mundo. .
   Los jueces Víctor Violini y Rocardo Borinsky, del Tribunal de Casación, rechazaron todos los recursos presentados por los más de 21 condenados ya en marzo de 2022 quienes habían pactado un juicio abreviado.
   De esta forma, no prosperó el pedido de la defensa de declarar nulas algunas pruebas y que diera marcha atrás con las condenas.
  Entre los acusados, hubo barrabravas que eran quienes amenazaban y extorsionaban a los comerciantes a pagar por la protección, así como por liderar la ocupación del espacio público donde se instalaban los puestos. .
   «Las pretensiones volcadas en los recursos estaban en notoria contradicción con los mismos actos de las defensas en la instancia inferior y eran infundadas e inatendibles, por lo que no correspondía hacerles lugar y la sentencia del tribunal oral debía ser confirmada», dijeron en el fallo los jueces de la Sala III al rechazar los recursos de las defensas.
   Las condenas fueron dictadas en un procedimiento de marzo de 2022 por el Tribunal Oral Criminal 8 de Lomas de Zamora, pero donde la fiscalía había acordado con las defensas previamente las penas impuestas. .
   Fuera del juicio abreviado y a la espera de un procedimiento oral clásico, está el denominado «Rey de la Salada», Jorge Castillo, sindicado como líder de esa asociación ilícita. Sí, en cambio, fue condenado en juicio abreviado su sobrino, Adrián. .
   En el abreviado que Adrián Castillo firmó con el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera, se fijó la pena en ocho año de prisión, pues se lo consideró parte de la asociación ilícita que obligaba a los vendedores ambulantes a pagar sumas de dinero a cambio de permitirles poner sus mostradores en el predio.

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