El Gobierno bonaerense subrayó hoy que «no hay más margen» para pedir una nueva prórroga a la Justicia por el desalojo del predio tomado en la localidad de Guernica y se quejó de que «las organizaciones de izquierda están encaprichadas en sostener el conflicto».
«Estamos trabajando para resolverlo antes de esa fecha (14 de octubre). Hay tiempo de sobra, pero no hay más margen para pedirle prorroga, porque no le puedo decir al juez (de Garantías número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo) que necesito más tiempo porque las organizaciones de izquierda están encaprichada en sostener el conflicto indefinidamente para capitalizar un desgaste hacia el Gobierno provincial», sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque.
En declaraciones radiales, el funcionario provincial afirmó que los sectores de izquierda «también se oponen a que se chequee qué cantidad real de gente hay en la toma».
«Responsabilizamos a las organizaciones de izquierda de obturar el proceso: pareciera que quieren que llegar a un desalojo» forzoso del predio tomado en el partido de Presidente Perón, concluyó el secretario general de La Cámpora.
Por su parte, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, manifestó que «una orden de desalojo hay que cumplirla, pero no a lo loco, sino de manera profesional y consciente».
«Estamos convencidos de que tenemos que defender el derecho de propiedad de cada uno de los bonaerenses», aseguró el funcionario bonaerense.
En declaraciones a TN, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof se quejó de que a comienzos de mes realizó «una movida logística muy importante» para proceder al desalojo «y cuando estaba todo listo el juez (de Garantías Número 8 de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo) por no se sabe qué causa dijo que les daba 15 días más».
«Para hacerlo bien, necesitamos el tiempo suficiente, porque además del desalojo tenemos que atender los requerimientos de todos los días de la Provincia de Buenos Aires», subrayó el ministro de Seguridad bonaerense.
Hasta el momento, 500 familias acordaron con el Gobierno provincial para abandonar el predio de manera voluntaria y así poder acceder a los subsidios que ofreció la Administración de Kicillof.
