La empresa encargada de realizar los testeos para detección del coronavirus a extranjeros ya sumó varias denuncias, pues no sólo por la Justicia Federal de Lomas de Zamora sino que ahora sumó otra por presunto lavado de dinero y todas apuntan entre otros contra los empresarios, y la actual ministra de Salud, Carla Vizzoti.
Las denuncias fueron hechas, entre otros, por la Coalición Cívica, la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y Acción Republicana y apuntan a los dueños de la empresa Labpax, la cual fue contratada por la Fundación Educativa San Lázaro, y también contra la ministra Vizzoti y la directora Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, Claudia Madies.
La más avanzada está a cargo del juez Luis Armella quien subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora que en el día de ayer hizo operativos en Aeropuertos Argentina 2000, que a través de la Fundación, contrajo el contrato con la empresa Lapbax, también allanada en el operativo.
Por ahora, en la investigación de Lomas de Zamora el Ministerio de Salud aparece como parte fiscalizadora de la operatividad de la empresa e incluso se han presentado en el juzgado solicitando avanzar en la investigación y aportando una auditoría que hicieron días atrás de Lapbax.
El juez Armella ayer secuestró documentación, entre ellos el contrato con Labpax, y discos rígidos, y ahora analiza todo eso para definir las imputaciones junto con la fiscal federal Cecilia Incardona.
Por su parte, la denuncia de Acción Republicana que tiene el juez Sebastián Ramos, en Comodoro Py, ahora quedó en manos del fiscal federal Federico Delgado quien debe decidir si en base a la presentación imputa o no a Vizzoti o sólo a las dueñas de Lapbax, Paola Orellana y Laura Cáceres.
Las acusaciones en todas las denuncias son por la contratación de esta empresa con pocos antecedentes y creada en diciembre de 2020, cuando se reabrieron los aeropuertos en Argentina, y la forma en que realizaba los testeos para determinar si se hicieron de forma correcta o no.
