El nuevo organismo, que dependerá de «un funcionario con categoría de Subdirector», tendrá como misión «gestionar la seguridad cibernética de la Corte Suprema, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas».
Ello, explica la Acordada 32/2023, «mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática».
«En el contexto actual de digitalización y modernización, los procesos judiciales y administrativos enfrentan desafíos sin precedentes, siendo las amenazas cibernéticas una de las principales preocupaciones, dada su capacidad para comprometer la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas informáticos del Tribunal», explica la Acordada.
«La Corte Suprema, como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética», añade.
El documento fue firmado por tres de los jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, mas no por el cuarto integrante del tribunal, Ricardo Lorenzetti.
«La gestión proactiva de riesgos, la respuesta ágil a incidentes y la formación continua en ciberseguridad son esenciales para garantizar la protección integral de nuestros activos digitales y la confianza pública en el sistema judicial», sostuvo la troika mayoritaria del tribunal.
En ese contexto, advirtió que «dada la sofisticación y evolución constante de las amenazas informáticas, es esencial contar con un equipo especializado en ciberseguridad, capacitado y actualizado conforme a las mejores prácticas, normativas y estándares internacionales en materia de seguridad informática».
