Boudou, a través de su abogado, Alejandro Rúa, había denunciado la existencia de «un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales» favorables al gobierno de Cambiemos (2015 – 2019).
En ese contexto, situó el traslado de Bertuzzi, tras condenar al ex vicepresidente en su rol de juez del Tribunal Oral Federal número cuatro, como miembro de la Cámara Federal porteña, desde donde le tocó intervenir en diversas causas de presunta corrupción tanto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuanto de su sucesor, Mauricio Macri.
Boudou aludió a «un programa de ‘disciplinamiento’ de jueces ‘a través del sistema de premios y castigos desplegado por las autoridades públicas de entonces’», pero el juez Ariel Lijo descartó la existencia de delito en esos manejos.
Ahora, el fiscal Picardi apeló el cierre de la causa, admitiendo «la hipótesis establecida en relación a los nexos o acuerdos espurios que se habrían producido desde el Poder Ejecutivo Nacional, en miras a la disposición de traslado del juez Pablo Bertuzzi».
Picardi había pedido como medida de prueba una certificación del teléfono de Darío Nieto, actual diputado porteño y secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, ya que de informaciones periodísticas surgían supuestas evidencias de reuniones con jueces.
Según el fiscal, el mecanismo irregular denunciado por Boudou «podría haber incluido, razonablemente, comunicaciones y/o mensajes afines, o canalizados por intermedio del entonces secretario privado del Ing. Mauricio Macri, Darío Nieto, tal como surge de las denuncias de este caso y de las noticias periodísticas referenciadas».
La apelación pasará ahora a estudio de la Cámara Federal, que será en definitiva la que podrá ratificar el cierre por inexistencia de delito o reabrir la investigación.
