El Gobierno de Javier Milei activó esta semana un nuevo plan de retiro voluntario para los empleados de planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en el marco de su estrategia de reducción y reorganización del Estado. La medida fue formalizada mediante la Resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, con vigencia desde el 4 de mayo hasta el 31 del mismo mes, con posibilidad de extenderse 15 días más.

El régimen de compensación y requisitos

La iniciativa establece una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración bruta mensual por cada año trabajado o fracción superior a tres meses. El cálculo se basará en los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo. Sin embargo, los montos finales incluyen límites según la edad del trabajador.

Para empleados de hasta 60 años, se aplicará la fórmula completa sin restricciones. Entre los 61 y 63 años, el tope será de 24 haberes brutos mensuales. En tanto, los agentes de 64 años o más recibirán una compensación que no podrá superar 12 salarios brutos. Quienes adhieran dejarán sus funciones a partir del 15 de junio de 2026 y no podrán reincorporarse al organismo.

La adhesión es voluntaria y cada solicitud será evaluada por la Dirección General de Administración del INTA conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Sin embargo, el régimen excluye a varios grupos de trabajadores, limitando significativamente el alcance de la medida.

Restricciones y trabajadores excluidos

Quedan fuera del programa quienes cumplan 65 años antes del 31 de mayo de 2026, empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública, y trabajadores que hayan iniciado demandas judiciales contra el Estado por cuestiones laborales, exceptuando casos vinculados a riesgos del trabajo.

También se excluye a agentes bajo investigación disciplinaria por faltas graves, empleados con procesos de responsabilidad patrimonial en curso, trabajadores que hayan iniciado trámites jubilatorios previos y quienes ya presentaron renuncias al organismo. Estas restricciones responden a criterios de integridad funcional y evitar conflictos administrativos.

El plan forma parte de la política de ajuste estatal que implementa la administración Milei desde su llegada al poder. El INTA, organismo dedicado a la investigación y desarrollo de tecnología agropecuaria, concentra una importante estructura de personal en todo el territorio nacional. Esta medida busca reducir costos operativos sin realizar despidos directos, mediante la incentivación de salidas voluntarias.

El Consejo Directivo del INTA aprobó la resolución después de evaluar el impacto presupuestario de mantener la estructura actual. Funcionarios del organismo argumentan que el retiro voluntario permite optimizar recursos sin afectar las operaciones críticas de investigación y extensión rural que desarrolla la institución.

Contexto de reducción estatal

Este retiro voluntario se suma a otras medidas de ajuste implementadas en distintos organismos públicos durante 2025 y 2026. El Gobierno ha priorizado la reducción de la nómina estatal como parte de su estrategia de equilibrio fiscal, buscando disminuir el gasto corriente sin recurrir a despidos masivos que pudieran generar conflictividad laboral.

La medida afecta directamente a trabajadores del sector agropecuario, uno de los pilares de la economía argentina. Sin embargo, desde el INTA sostienen que los retiros voluntarios permitirán mantener los equipos de investigación y desarrollo que generan valor agregado en el sector.

Los empleados que decidan adherir deberán hacerlo durante el período establecido. Una vez aprobada la solicitud, recibirán la compensación según los parámetros definidos y finalizarán su relación laboral con el organismo sin posibilidad de reinserción posterior. Se espera que la medida reduzca significativamente la estructura de personal permanente del instituto.