La investigación que pesa sobre Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete de la Nación, se reactiva esta semana con nuevas declaraciones testimoniales que buscan esclarecer si el funcionario puede justificar el crecimiento de su patrimonio en relación con sus ingresos declarados ante la Oficina Anticorrupción. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo tomarán estas deposiciones en los tribunales de Comodoro Py.

Testigos clave sobre operaciones inmobiliarias

El lunes a las 11, el fiscal Pollicita recibirá la declaración de Matías Tabar, contratista vinculado a las refacciones de una vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La Justicia intenta determinar qué dinero invirtió el funcionario en esas obras y si todos los gastos fueron correctamente declarados en sus registros patrimoniales.

Dos días después, el miércoles, le tocará el turno a Leandro Miano, quien está relacionado con operaciones inmobiliarias y deudas que involucran al Jefe de Gabinete. Por orden del fiscal, Miano deberá presentar documentación completa: facturas, comprobantes y registros relativos a expensas y remodelaciones en el departamento que Adorni habita en Caballito.

El enfoque de la investigación es claro: determinar si existe coherencia entre los movimientos financieros del funcionario y sus ingresos declarados. Para fortalecer el análisis, también se solicitó la intervención de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo técnico del Ministerio Público Fiscal especializado en evaluar la evolución patrimonial de personas investigadas.

La compra en Indio Cuá bajo la lupa

Uno de los puntos centrales del expediente es la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, concretada a fines de 2024. Según consta en la causa, la operación coincidió con la obtención de un préstamo de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías. Para acceder a ese financiamiento, Adorni hipotecó un departamento ubicado en Parque Chacabuco, comprometiéndose a devolver el monto en un plazo de dos años con una tasa de interés anual del 11 por ciento.

Hasta el momento, habría reintegrado aproximadamente 30.000 dólares. El inmueble en Indio Cuá, cuyo valor ronda los 120.000 dólares, implicó gastos adicionales considerables: pago de ingreso al country e honorarios de escrituración. Todos estos movimientos están siendo analizados meticulosamente por la Justicia para verificar si mantienen coherencia con lo que Adorni declaró ante organismos de control.

En paralelo, la investigación también examina los viajes realizados por el funcionario y su familia. El expediente registra al menos siete desplazamientos al exterior con destinos como Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro y Nueva York, además de una decena de viajes dentro del país. El nivel de vida que estos viajes reflejan también forma parte del análisis para determinar si es compatible con los ingresos declarados.

En distintas presentaciones públicas, Adorni ha negado haber incurrido en enriquecimiento ilícito y ha manifestado que todas sus operaciones fueron realizadas dentro del marco legal. Sin embargo, la Justicia continúa profundizando en la documentación para corroborar estas afirmaciones.

Contexto de la causa

La investigación está bajo control del juez federal Ariel Lijo, quien junto al fiscal Pollicita analiza de manera sistemática el flujo completo de ingresos, gastos y deudas del funcionario y su entorno familiar. Este tipo de investigaciones por enriquecimiento patrimonial son frecuentes en casos donde funcionarios públicos experimentan aumentos significativos en su patrimonio durante ejercicios de funciones públicas, requiriendo justificación documental de la origen de esos recursos.

Las declaraciones de esta semana podrían constituir elementos probatorios decisivos para que los magistrados determinen si existen indicios suficientes de enriquecimiento ilícito o si por el contrario, Adorni puede demostrar que sus operaciones patrimoniales encuentran justificación en sus legítimos ingresos. El caso continúa en etapa de investigación penal preparatoria, lo que permite a la Fiscalía y al juzgado obtener pruebas adicionales antes de definir si corresponde una acusación formal.