El Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Régimen de Incentivos para la Formalización Laboral (RIFL) mediante la publicación del Decreto 315/2026 en el Boletín Oficial. La medida lleva también la firma del jefe de Gabinete Manuel Adorni y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para acelerar la creación de empleo registrado y reducir la informalidad laboral en Argentina.
La iniciativa, que ya había sido aprobada anteriormente, se hizo efectiva tras un fallo judicial favorable al Gobierno. La norma establece un sistema de beneficios para los empleadores que incorporen personal no registrado, reduciendo significativamente la carga de contribuciones patronales durante los primeros años de contratación.
El esquema de beneficios y requisitos
El nuevo régimen contempla cuatro perfiles específicos de trabajadores que pueden acceder a los incentivos: personas sin empleo formal registrado al 10 de diciembre de 2025, desempleados en los últimos seis meses, ex monotributistas sin vínculo de dependencia reciente y trabajadores provenientes del sector público. De esta forma, el Ejecutivo amplía el universo de potenciales beneficiarios para maximizar el impacto de la política.
Para que los empleadores accedan al programa, deben estar inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 10 de diciembre de 2025. Las nuevas contrataciones deben formalizarse entre el 1º de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, con un límite máximo del 80 por ciento de la plantilla bajo este esquema. El decreto también aclara que los beneficios no serán retroactivos si el empleador no adhiere en tiempo y forma.
El principal incentivo consiste en una reducción drástica de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada relación laboral. Las alícuotas quedaron fijadas en 2 por ciento y 3 por ciento, dependiendo del destino de los aportes, lo que implica una disminución significativa de la carga laboral para las empresas respecto a los porcentajes habituales.
La norma mantiene la obligatoriedad de los aportes al Fondo de Asistencia Laboral y prevé la articulación con programas sociales para garantizar que los trabajadores no pierdan sus prestaciones al ingresar al empleo formal. Se trata de un aspecto crucial para evitar desincentivar a los trabajadores desempleados a formalizarse.
Antecedentes y contexto de la medida
El RIFL forma parte de un conjunto de iniciativas que el Gobierno viene implementando para dinamizar el mercado laboral argentino, especialmente tras los primeros meses de gestión de Milei, cuando se registró una contracción económica que impactó en el empleo registrado. La formalización es uno de los objetivos estructurales de la administración libertaria, que busca expandir la base de cotizantes y mejorar los ingresos del sistema de seguridad social.
La reforma laboral promovida por el Gobierno en los primeros meses de gestión ya había generado resistencia sindical y legal. La CGT cuestionó las modificaciones y recusó a los jueces que mantuvieron vigente la reforma, considerando que afectaba derechos laborales consolidados. Sin embargo, el Ejecutivo ha mantenido su postura de que la flexibilización es necesaria para estimular la contratación formal.
El programa de incentivos a la formalización representa una estrategia complementaria a la reforma laboral estructural, enfocándose específicamente en reducir costos para la empresas que se atrevan a incorporar trabajadores de sectores vulnerables o desempleados. El decreto establece condiciones claras y marcos temporales definidos para evitar abusos o extensiones indebidas de beneficios.
La medida también busca articularse con políticas sociales existentes, reconociendo que muchos trabajadores desempleados o en situación de vulnerabilidad podrían perder acceso a programas de asistencia si formalizan su empleo sin que exista un puente que garantice continuidad de prestaciones. Este aspecto refleja un intento de diseño más integral de la política pública.
Cierre
El Gobierno espera que el RIFL genere un impacto significativo en la reducción de la informalidad durante los próximos meses, estimulando que empresas incorporen trabajadores sin empleo formal mediante reducciones de hasta 97 por ciento en las contribuciones patronales. La efectividad de la medida dependerá de la adhesión empresaria y de cómo las compañías interpreten los incentivos en un contexto de incertidumbre económica. El decreto marca un nuevo capítulo en la agenda laboral del Ejecutivo, aunque enfrenta resistencia sindical que aún cuestiona el rumbo general de las reformas.
