La Justicia secuestró medicamentos de uso controlado durante un allanamiento en la casa de una médica anestesista de 34 años, investigada por el presunto robo de fentanilo del Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López. La mujer, identificada con las iniciales F.V.A., quedó a disposición de los tribunales en una causa que expone nuevas grietas en el sistema de seguridad de fármacos sensibles en hospitales bonaerenses.

El operativo fue ejecutado por policías de la División Operaciones Area Metropolitana Norte de la Superintendencia Investigación contra el Narcotráfico de la PFA, bajo la dirección de la fiscal Marcela Semería. La denuncia fue presentada por las autoridades del hospital público después de detectar inconsistencias en el manejo de ampollas de fentanilo, un potente analgésico utilizado en cirugías y terapias intensivas cuyo uso está estrictamente regulado.

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron ampollas de fentanilo, propofol, ketamina y otros anestésicos de uso exclusivamente hospitalario. También secuestraron jeringas, insumos médicos y medicación que carecía de documentación que acreditara su origen legal. Los elementos serán sometidos a peritajes para determinar si pertenecen al circuito del hospital y confirmar si fueron sustraídos de manera irregular.

La imputación contra la especialista incluye el delito de defraudación por administración fraudulenta, la misma tipificación aplicada a los involucrados en el caso del Hospital Italiano. La médica permanece bajo investigación mientras la Justicia intenta establecer si existió una maniobra sistemática de sustracción de medicamentos y si hay otros posibles cómplices en la trama.

Parte de una crisis más amplia en hospitales porteños

El caso se produce en medio del escándalo conocido como “Propofest”, una investigación que involucra a profesionales del Hospital Italiano por el desvío de medicamentos sensibles. En ese caso, ya fueron imputados varios especialistas por hechos similares, lo que sugiere un patrón preocupante en el control de fármacos de alto riesgo dentro del sistema de salud.

El fentanilo y el propofol son sustancias cuyo manejo requiere protocolos de seguridad rigurosos debido a su potencia y los riesgos asociados a su mal uso. Ambos pueden generar adicción y su desviación del circuito hospitalario constituye un delito grave que amenaza tanto la salud pública como la disponibilidad de estos medicamentos para pacientes que los necesitan legítimamente.

La causa expone cómo los controles internos en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires pueden resultar insuficientes para detectar a tiempo la sustracción de medicamentos. Aunque en este caso el director del hospital denunció las inconsistencias, quedó evidente que el desvío ya había ocurrido durante un período indeterminado antes de ser descubierto.

La investigación judicial ahora deberá determinar el volumen total de medicamentos robados, los posibles compradores en el mercado ilícito y si la anestesista actuó de manera independiente o como parte de una red más ampla. Las autoridades sanitarias provinciales también deberán revisar los protocolos de custodia y contabilidad de fármacos controlados en establecimientos de salud.

El caso refuerza la necesidad de implementar sistemas de control más estrictos y auditorías periódicas en hospitales públicos y privados. La venta ilegal de medicamentos como el fentanilo representa un riesgo grave para la salud comunitaria y alimenta economías delictivas paralelas.

La Justicia continuará investigando mientras se espera que los peritajes confirmen la procedencia de los medicamentos secuestrados. Mientras tanto, la médica permanece bajo investigación por un delito que, de comprobarse, podría resultar en su procesamiento y eventual condena.