Fuentes policiales informaron que los allanamientos se llevaron a cabo en la calle 519 al 2500 de la localidad bonaerense Gobernador Costa, en el partido de Florencio Varela, donde se emplaza una sede de esa agrupación social.
Sin embargo, al sospechoso finalmente se lo apresó en la calle Güemes al 500 de Acassuso, en el distrito de San Isidro.
El detenido fue identificado como Jaru Alexander Carrero Rodríguez, de nacionalidad venezolana.
El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Florencio Varela 1era. de la Policía Bonaerense, ya que el sujeto tiene residencia en esa jurisdicción, en cuyo domicilio se llevó a cabo un allanamiento con la orden de detención correspondiente.
El pedido fue ordenado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 23, a cargo de Norberto Circo, quien investiga ese delito.
Los operativos están a cargo de la Policía de la Ciudad, pero al ser un distrito bonaerense se pidió la colaboración de la fuerza provincial.
El lunes, ocho sospechosos de haber arrojado las piedras que causaron destrozos en el despacho de la Vicepresidenta habían sido identificados mediante un software de reconocimiento facial utilizado por la Policía Federal.
Se trata de personas jóvenes, sin vínculos aparentes entre sí ni militancia política reconocida por las fuerzas que motorizaron la protesta contra el acuerdo del Gobierno con el FMI, con media sanción en Diputados la semana pasada.
Los datos de seis de los identificados fueron cotejados con los registros de domicilios y arrojaron resultado positivo, en tanto que la tarea se prolonga con otros dos.
Los reconocimientos se efectuaron a través de las capturas de rostros de los videos aportados por fuerzas de seguridad y otras tomadas directamente de los medios de comunicación que cubrieron los disturbios que se registraron el jueves pasado.
Ese programa informático ya había sido utilizado en otras oportunidades, entre ellas para identificar a los agresores que arrojaron bombas Molotov contra la entrada del diario Clarín, en noviembre del año pasado.
Los investigadores realizaron un rápido chequeo en el registro de antecedentes y comprobaron que -en principio- ninguno tiene ni pedidos de detención ni procesos judiciales en marcha.
