El Ministerio de Capital Humano impuso una sanción de más de $21.200 millones de pesos a La Fraternidad por adherir al paro general convocado por la CGT el pasado 21 de febrero y no cumplir con la conciliación obligatoria. La medida, confirmada oficialmente por la cartera que conduce Sandra Pettovello, argumenta que el sindicato incumplió la orden de retrotraer el conflicto, lo que afectó “el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”. Según el comunicado oficial, la multa de $21.241.500.000 se aplicó porque La Fraternidad no respetó la conciliación obligatoria que había sido dictada el 5 de febrero de 2026 por un término de 15 días.
Operativo sobre los sindicatos de transporte
Un mes antes de la sanción, el ministerio había abierto sumarios contra La Fraternidad y la Unión Tranviaria Automotor (UTA) por participar en la medida de fuerza. El 9 de marzo, el Gobierno confirmó públicamente que aplicaría multas a ambos sindicatos, lo que generó una respuesta inmediata de la CGT. La central obrera denunció que se trataba de un acto de “persecución política y sindical” contra las organizaciones que se atrevieron a cuestionar las políticas del Ejecutivo nacional. Desde el ministerio defendieron la decisión argumentando que buscan “resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente”. La sanción se enmarca en la estrategia del Gobierno para desalentar medidas de fuerza en sectores críticos como el transporte, donde los paros afectan directamente a millones de porteños y bonaerenses que dependen de los servicios de colectivos y trenes.
Tension permanente con los gremios
El conflicto entre el Gobierno y los sindicatos de transporte se ha agudizado en los últimos meses. La Fraternidad, que representa a los choferes de colectivos, es uno de los gremios más poderosos del país y ha sido tradicionalmente confrontacional en sus negociaciones. El paro del 21 de febrero fue convocado por la CGT como medida de protesta contra las políticas económicas del Ejecutivo, y contó con la adhesión de múltiples sectores. Sin embargo, el Gobierno decidió aplicar sanciones ejemplares a los sindicatos que no respetaron las órdenes de conciliación obligatoria, buscando establecer un precedente de cara a futuras medidas de fuerza.
Tanto La Fraternidad como la UTA fueron intima das a abstenerse de realizar nuevas medidas de fuerza, pero la imposición de multas multimillonarias sugiere que el Ejecutivo está dispuesto a intensificar la presión sobre las organizaciones sindicales que desafíen sus decisiones. Los gremios, por su parte, denuncian que estas sanciones responden a una vendetta política más que a consideraciones legales.
