El Gobierno nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley 27.804, que reformula la protección de glaciares vigente desde 2010. La medida quedó formalizada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial. La nueva normativa habilita actividades mineras en zonas antes restringidas y transfiere competencias a las provincias para gestionar sus recursos naturales, priorizando proyectos de litio y cobre considerados estratégicos por el Ejecutivo.

Los cambios en la legislación de glaciares

La reforma redefine los criterios de protección al limitar las restricciones a áreas con “importancia hídrica comprobada científicamente”. Con esto, se flexibilizan prohibiciones sobre actividades que anteriormente estaban vedadas en ambientes periglaciales. El texto mantiene la prohibición de operaciones contaminantes en glaciares identificados, pero introduce cambios sustanciales: ahora serán las provincias las que definan qué zonas quedan bajo protección, basándose en parámetros técnicos.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) conserva el registro técnico oficial de glaciares, pero pierde protagonismo decisorio. Las jurisdicciones locales adquieren mayor autonomía en determinar la inclusión o exclusión de áreas protegidas, lo que descentraliza una política que hasta ahora era federal.

El Congreso aprobó la iniciativa con votación dividida: 137 diputados a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. En el Senado, el respaldo fue más ajustado con 40 votos positivos. Desde el oficialismo argumentaron que la medida busca “destrabar proyectos mineros paralizados” que podrían impulsar el desarrollo energético y productivo del país. Sostienen que la legislación anterior impedía avances en iniciativas consideradas vitales para la economía nacional.

Rechazo científico y debate ambiental

La comunidad científica expresó fuerte rechazo a las modificaciones. Investigadores y organismos académicos advirtieron que la flexibilización de protecciones podría comprometer reservas estratégicas de agua dulce y generar impactos ambientales de largo plazo. El debate reavivó tensiones entre desarrollo minero y preservación ambiental, un eje central en la agenda del Gobierno de Milei.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo ante la Justicia para frenar la implementación de la nueva ley, cuestionando su constitucionalidad. Esta acción judicial refleja la división territorial sobre cómo gestionar recursos hídricos en regiones que dependen de glaciares para su disponibilidad de agua.

La normativa genera preocupaciones en provincias cordilleranas donde los glaciares son fundamentales para el abastecimiento hídrico. Organizaciones ambientales y científicas señalan que la descentralización de decisiones sin marcos rigurosos podría resultar en la aprobación de proyectos con consecuencias irreversibles para el ambiente.

Pese a la aprobación legislativa, la polarización persiste. Mientras el oficialismo celebra la “modernización” de una ley que consideraba restrictiva, sectores ambientalistas y académicos alertan sobre los riesgos de subordinar la protección glaciar a intereses extractivos provinciales sin supervisión centralizada.