El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la licitación pública nacional e internacional para privatizar AySA, la empresa estatal proveedora de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, representa el primer servicio público que pasa a manos privadas bajo la gestión libertaria. Se trata de una operación estratégica que busca transferir el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante se mantendría en poder de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

Los detalles de la privatización

La licitación será de etapa múltiple, sin base, y se desarrollará a través de la plataforma Contrat.ar, donde estarán disponibles todos los documentos necesarios. El Gobierno estableció un cronograma claro: las consultas sobre el pliego vencerán el 12 de agosto próximo, mientras que la presentación de ofertas cierra el 27 de agosto a las 9:59. Ese mismo día, a las 10 de la mañana, se realizará la apertura de sobres en un acto público electrónico. El proceso se difundirá durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en DgMarket, la plataforma internacional del Banco Mundial, además de los sitios web del Ministerio de Economía y de la propia AySA. El objetivo es seleccionar un “operador estratégico” que se haga cargo de la compañía por un período inicial de 30 años, con posibilidad de prórroga hasta 10 años adicionales. Durante toda la concesión, la empresa mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada, lo que garantiza el monopolio del sector en la región metropolitana.

Esta decisión se enmarca en el plan más amplio de modernización estatal impulsado por la administración libertaria. La privatización de AySA había sido previamente autorizada en abril mediante la Resolución 543/2026, que aprobó tanto la concesión de 30 años como la transferencia accionaria. Ahora, con el lanzamiento de esta licitación, el Gobierno concreta los pasos para llevar a cabo la operación. La compañía, que actualmente brinda servicios a millones de habitantes del AMBA, se someterá a la evaluación de potenciales inversores que deberán cumplir con requisitos técnicos, financieros y operacionales aún por detallarse en los pliegos completos.

Antecedentes y contexto político

La privatización de AySA es parte de la agenda de reformas estructurales del Gobierno de Milei, que ha priorizado la participación privada en sectores estratégicos. Sin embargo, la medida genera tensiones en el debate público: mientras desde el Ejecutivo se argumenta que permitirá mejorar la eficiencia operativa y la calidad del servicio, desde sectores opositores y organizaciones sociales se advierte sobre posibles aumentos de tarifas y preocupaciones sobre el acceso al agua como derecho fundamental. La gestión anterior ya había implementado controles sobre los incrementos tarifarios de AySA, limitando los aumentos mensuales hasta agosto de este año.

El Gobierno también ha limitado previamente los aumentos mensuales de AySA hasta agosto, lo que evidencia que los precios han sido un punto de fricción constante. La privatización abre entonces una nueva etapa donde un operador privado tendría mayor libertad para ajustar las tarifas según criterios comerciales. Esta será la primera empresa de servicios públicos que pase a manos privadas durante la presidencia de Milei, marcando un precedente importante en materia de política de desregulación y reducción del rol estatal en sectores considerados estratégicos por tradición en Argentina.

La convocatoria genera expectativa tanto en círculos empresariales internacionales como en el ámbito político local. Grandes operadores globales de agua ya han expresado interés en adquirir concesiones en Argentina, mientras que legisladores opositores preparan críticas y posibles impugnaciones al proceso. La importancia de AySA radica en que abastece a aproximadamente 10 millones de personas en la región más poblada del país, lo que convierte esta privatización en una decisión de gran impacto social y económico.

Conclusión

Con el lanzamiento de esta licitación, el Gobierno de Milei avanza en su agenda de reformas estructurales. El proceso abierto durante agosto permitirá que operadores locales e internacionales presenten sus propuestas. La privatización de AySA marca un quiebre respecto a décadas de gestión estatal en un servicio considerado esencial, y sus resultados serán observados atentamente como indicador del modelo que el Gobierno libertario pretende consolidar en Argentina.