La Cámara Federal de San Martín revocó este martes el procesamiento de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, junto a los militantes Alesia Abaigare e Iván Nicolás Díaz Bianchi. Los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones dictaron la “falta de mérito”, lo que implica que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para sostener acusaciones por delitos federales graves.

El episodio que desató la causa judicial

El caso se remonta a junio de 2025, cuando el entonces diputado nacional José Luis Espert denunció que un grupo de personas arrojó estiércol y panfletos en su domicilio de Beccar, en la zona norte del conurbano bonaerense. La jueza de instrucción Sandra Arroyo Salgado había procesado a los imputados por atentado contra el orden público, amenazas y odio político.

Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal consideró que el accionar de los involucrados no puso en riesgo la estabilidad democrática del país. En la resolución firmada el 7 de abril de 2026, los magistrados determinaron que “el riesgo jurídicamente desaprobado que se contempla en su finalidad no puede quedar reducido a meros insultos o conductas intrascendentes”.

Las críticas del tribunal a la instrucción

El fallo de alzada incluyó un llamado de atención hacia la jueza Arroyo Salgado. Los camaristas señalaron que la labor judicial debe “ceñirse a los hechos objeto del proceso” y no a valoraciones sobre el “clima social”, en lo que se interpretó como un tirón de orejas a la magistrada instructora.

El tribunal analizó los recursos presentados por las defensas y concluyó que no existe evidencia de una “agrupación” organizada para imponer ideas por la fuerza. Según la resolución, lo ocurrido fue un “único episodio fáctico” de protesta que, si bien resultó “cuestionable”, no alcanzó la gravedad técnica de un delito de sedición o atentado al orden público.

Los jueces fundamentaron la revocación del procesamiento indicando que los elementos de prueba recolectados “no resultan suficientes de por sí para poner en peligro la estabilidad constitucional, ni para afectar los presupuestos básicos de tranquilidad social”. La causa, no obstante, permanecerá abierta mientras continúa la investigación.