Una protesta masiva de las cinco fuerzas de seguridad federales puso en jaque al Gobierno y desató una fuerte interna en el poder. Los uniformados salieron a la calle para exigir aumentos salariales que consideran urgentes ante el deterioro de sus ingresos.

Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Personal de Servicio Penitenciario confluyeron en una manifestación que evidenció el malestar generalizado en el sector. Los efectivos denuncian que sus haberes no alcanzan para cubrir las necesidades básicas familiares.

La movilización generó un terremoto político interno. Desde la Casa Rosada señalaron directamente a Victoria Villarruel como la impulsora de la protesta, en lo que marca un nuevo capítulo de la tensa relación entre la vicepresidenta y el círculo presidencial.

Fuentes gubernamentales consultadas por este medio confirmaron que existe un fuerte malestar con la titular del Senado por su supuesto rol en alentar el reclamo. Esta acusación profundiza la grieta que se viene gestando entre ambos sectores del oficialismo.

El conflicto salarial de las fuerzas federales representa un dolor de cabeza para una administración que busca mantener el equilibrio fiscal. Los manifestantes argumentan que la inflación acumulada erosionó significativamente su poder adquisitivo.

La situación plantea un dilema complejo para el Ejecutivo: atender las demandas implicaría un impacto presupuestario considerable, mientras que ignorarlas podría derivar en escaladas de protesta que comprometan la gobernabilidad.

Este episodio expone las tensiones internas que atraviesa el oficialismo, donde las diferencias entre Milei y Villarruel parecen agudizarse con cada crisis que enfrenta el gobierno.