Este lunes 2 de marzo de 2026, lo que debía ser una jornada de festejos por el inicio del ciclo lectivo se transformó en un escenario de estaciones vacías y aulas cerradas.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), junto a los gremios docentes de la CGT y los sindicatos de la educación privada, ejecutan un paro nacional de 24 horas que ha paralizado el comienzo de las clases en al menos 15 jurisdicciones del país.

El conflicto se centra en el rechazo a la reciente reforma laboral, la eliminación definitiva del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) —que hoy representaría unos 150.000 pesos por cargo— y la exigencia de una paritaria nacional que saque a los maestros de la línea de pobreza. Con salarios promedio estancados en los 800.000 pesos y una inflación que en enero cerró en el 2,9%, el gremio advierte que “un docente con dos cargos está perdiendo más de 300.000 pesos mensuales”.

La conflictividad social ha escalado exponencialmente debido a la adhesión estratégica de los gremios del transporte nucleados en la CATT y la UGATT. Durante toda la jornada, no funcionan los servicios de trenes, colectivos ni vuelos de cabotaje en los principales nodos urbanos, forzando a miles de trabajadores al teletrabajo o a la parálisis total de sus actividades.

En la Provincia de Buenos Aires, el escenario es de máxima tensión: tras el rechazo a una oferta de aumento del 3% mensual, el gobernador Axel Kicillof ha convocado a una reunión de emergencia para el miércoles, pero los sindicatos ya advirtieron que si no hay un acuerdo real antes del cierre de la liquidación de haberes el 13 de marzo, las medidas de fuerza se profundizarán por tiempo indeterminado.

Por su parte, el Gobierno Nacional ratificó su postura de “puño de hierro”, confirmando que se descontará el día a todos los empleados estatales que se sumen a la protesta, lo que pr