El Gobierno de Javier Milei preadjudicó ayer la licitación internacional para el dragado y mantenimiento de la hidrovía Paraná-Paraguay. La sociedad ganadora resultó ser la integrada por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus, que superó en la evaluación técnica a su competidor directo, la holandesa DEME NV. El Ministerio de Economía informó que el proceso respetó estrictamente los protocolos internacionales y que ambas oferentes presentaron propuestas económicas idénticas, lo que implica una rebaja inmediata en los costos logísticos para usuarios de la vía navegable más importante de América del Sur.
El proceso de evaluación y los puntajes técnicos
El dictamen de preadjudicación revisó la totalidad del procedimiento de tres etapas, que fue supervisado según las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCYD). La evaluación técnica mostró diferencias significativas entre los participantes: la sociedad de Jan de Nul y Servimagnus acumuló 66,20 puntos en los análisis técnicos preliminares, mientras que DEME obtuvo 42,14 puntos. Esta brecha de casi 24 puntos resultó decisiva para inclinar la balanza hacia los ganadores.
En cuanto a las propuestas económicas, ambas empresas llegaron exactamente al mismo precio: ofrecieron la tarifa mínima posible según los términos de la licitación. Para la administración Milei, este resultado representa un logro estratégico, ya que garantiza desde el inicio del contrato una reducción de gastos en la cadena logística nacional. El transporte fluvial a través de esta hidrovía es crucial para el comercio de granos, productos forestales y otros bienes que mueven millones de dólares anuales.
Además de los dos competidores principales, la empresa brasileña DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta, requisito considerado básico y excluyente. El Ministerio de Economía señaló en su comunicado que durante todo el proceso no se registraron impugnaciones formales de las empresas participantes, y que los tribunales rechazaron todas las denuncias que buscaban entorpecer el avance de la licitación.
Antecedentes y pasos finales
La privatización de la hidrovía fue una promesa de campaña del oficialismo y forma parte de la estrategia de modernización de infraestructuras portuarias y de transporte bajo la administración Milei. El proyecto requería una inversión significativa en dragado de profundización y mantenimiento continuo de los canales navegables para permitir el paso de buques de mayor calado, especialmente durante períodos de bajante del río.
El Ministerio de Economía defendió públicamente el proceso al asegurar que se cumplió “al pie de la letra” con la documentación licitatoria, la normativa argentina vigente y las mejores prácticas internacionales recomendadas por la ONU. La cartera económica enfatizó que la trasparencia fue un eje central: ningún organismo de control identificó irregularidades, y el Poder Judicial desestimó cada uno de los recursos presentados contra los actos administrativos.
Ahora que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPN) tiene el dictamen de preadjudicación, el próximo paso es completar las instancias finales administrativas para llegar a la adjudicación definitiva del contrato. Se espera que este trámite concluya en las próximas semanas, momento en el cual Jan de Nul y Servimagnus estarán formalmente autorizadas a comenzar las obras de dragado y a asumir las operaciones de mantenimiento de la vía fluvial.
Impacto esperado en la logística nacional
El Gobierno confía en que esta concesión mejorará significativamente la competitividad del transporte fluvial argentino. Una hidrovía optimizada reduce tiempos de tránsito, disminuye costos operativos y permite que buques de mayor porte accedan a puertos interiores, beneficiando especialmente a provincias como Santa Fe y Entre Ríos, que dependen en gran medida de esta ruta para exportar productos agropecuarios.
La adjudicación cierra un capítulo largamente esperado en materia de infraestructura pública. Tanto la Casa Rosada como el sector privado ligado al comercio exterior veían con urgencia la necesidad de modernizar una vía cuyas condiciones operativas se habían deteriorado en los últimos años por falta de inversión suficiente en dragado preventivo.
