El Gobierno decidió este lunes una nueva postergación en la aplicación de aumentos a los impuestos que gravan los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. A través del Decreto 405/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que los incrementos acumulados comenzarán a regir recién a partir del 1 de julio de 2026, extendiendo por otro mes el esquema de diferimientos que viene aplicando desde 2025. La decisión busca evitar que los ajustes tributarios impacten de manera inmediata sobre los precios de nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil en los surtidores del país. La medida modifica el Decreto 617/2025, que preveía la actualización para el 1 de junio.
Una postergación que se repite
Desde principios de 2025, el Gobierno ha venido aplazando la aplicación de estos aumentos tributarios mediante distintos decretos. Esta nueva postergación incluye las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, además de los ajustes derivados del primer trimestre de 2026. Según la normativa vigente, los impuestos sobre combustibles líquidos y dióxido de carbono se calculan mediante montos fijos por unidad de medida y deben actualizarse de manera trimestral en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec. La legislación establece que estos tributos deben ajustarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la inflación del trimestre anterior. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido romper con este esquema para sostener la estabilidad de precios. El Gobierno justifica la decisión argumentando que busca acompañar el proceso de crecimiento económico y sostener la estabilidad de precios dentro de un esquema de equilibrio fiscal. Consideró necesario aplazar nuevamente la aplicación de las subas remanentes para evitar que la actualización tributaria genere un efecto directo sobre el valor de las naftas y el gasoil durante junio, mes crítico en términos de presiones inflacionarias.
El contexto de los precios de combustibles
Los precios de combustibles en Argentina han sido materia de permanente tensión. El Gobierno ya había bajado el valor del biodiesel en meses anteriores con el objetivo de contener los incrementos en el precio del gasoil. Esta nueva estrategia de postergación de impuestos se enmarca en una política más amplia de contención de precios que el Ejecutivo de Javier Milei viene implementando desde su asunción. La nafta sin plomo y el gasoil son elementos críticos en la economía argentina, ya que impactan directamente en los costos de transporte, logística y servicios. Cualquier aumento en estos combustibles se traslada rápidamente a otros sectores y afecta la inflación general. Por eso, las decisiones sobre impuestos a los combustibles tienen consecuencias que van mucho más allá del sector energético. La acumulación de actualizaciones pendientes desde 2024 representa montos significativos que el Gobierno ha decidido fragmentar en el tiempo para minimizar su impacto en un único momento.
El aplazamiento hasta julio coloca nuevamente el tema en agenda para dentro de seis meses, cuando la situación económica del país podría ser diferente. Esta estrategia de postergaciones sucesivas refleja las dificultades del Gobierno para implementar aumentos tributarios en el contexto actual. Aunque formalmente la legislación vigente prevé actualizaciones automáticas, el Ejecutivo continúa utilizando herramientas normativas para modificar estos calendarios, priorizando la estabilidad de precios sobre el cumplimiento estricto de las disposiciones tributarias. El balance entre mantener las cuentas fiscales equilibradas y evitar presiones inflacionarias sigue siendo uno de los grandes desafíos de la política económica argentina.
