El Ejecutivo acata el fallo pero pierde dos políticas clave
El Ministerio de Capital Humano confirmó ayer que continuará pagando las transferencias de $78.000 mensuales a más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo tras la orden del juez federal Adrián González Charvay. Sin embargo, como consecuencia directa de esa medida cautelar, el gobierno quedó imposibilitado de avanzar con dos iniciativas consideradas prioritarias: los vouchers de formación laboral y la expansión de la doble jornada escolar en establecimientos vulnerables de todo el país. La decisión llegó después de que González Charvay, juez federal de Campana, ordenara mantener vigente el plan mediante una medida cautelar que interrumpió los planes de reformulación. El Ejecutivo acatará la resolución judicial, aunque en paralelo avanzará con una apelación para intentar revertirla y recuperar margen de maniobra en su política asistencial.
Qué cambios quería hacer el gobierno y por qué quedaron frenados
Desde Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, se había diseñado un rediseño integral del esquema de transferencias directas. El plan contemplaba reemplazar los pagos en efectivo por vouchers de capacitación laboral con participación de instituciones formativas en distintas provincias. El objetivo era mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios y facilitar el acceso al empleo registrado y formal. Era el paso siguiente después de que el programa cumpliera su plazo de vigencia de dos años. Pero la medida cautelar bloqueó ese proceso. Según explicó la cartera en un comunicado oficial, el fallo obliga a mantener los fondos asignados al esquema vigente e impide su redireccionamiento hacia las nuevas iniciativas. “Lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”, advirtió el comunicado. Desde el gobierno sostienen que la cautelar generó una situación donde los recursos quedan “congelados” en el programa original, sin posibilidad de innovación o mejora en la formulación de la asistencia. Pettovello indicó que el cambio de modelo respondía a una estrategia de largo plazo para fortalecer la empleabilidad, no a una reducción de beneficiarios.
El pulso judicial y los próximos pasos
Por ahora, la continuidad de los pagos de $78.000 mensuales está garantizada para los 900 mil beneficiarios mientras el proceso judicial se desarrolle. El Ejecutivo apeló la resolución de González Charvay en busca de revertirla. Si logra hacerlo, la reformulación volvería a activarse y el esquema de transferencias directas sería reemplazado por el nuevo modelo de capacitación. Los tiempos judiciales, sin embargo, son inciertos. El gobierno también estudia otras vías legales para flexibilizar la medida cautelar y avanzar al menos con parte de las iniciativas suspendidas. Desde la Casa Rosada insisten en que la decisión de reformular Volver al Trabajo fue técnica y administrativa, no política, y que responde a mejoras en la calidad de la asistencia estatal. Pero el fallo judicial impone, de momento, una pausa forzada en esos planes.
Cierre
La tensión entre el Ejecutivo y la Justicia sobre cómo gastar recursos destinados a asistencia social refleja las dificultades que enfrenta el gobierno para implementar sus cambios de política. Los 900 mil beneficiarios siguen cobrando, pero el gobierno pierde la oportunidad de transformar su estrategia. La apelación y los próximos pasos judiciales determinarán si la reforma laboral avanza o queda archivada.
