El Gobierno de Javier Milei avanzó este viernes en su plan de privatización de servicios públicos al lanzar una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% de las acciones de AySA, la empresa estatal que provee agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La medida se formalizó mediante la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Será la primera compañía de servicios públicos en ser privatizada durante la gestión libertaria. El 10% restante del paquete accionario permanecerá en manos de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.
Los detalles de la licitación
La resolución establece un proceso de licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin base, para seleccionar un “operador estratégico” de la compañía. Todos los trámites se realizarán a través de la plataforma Contrat.ar, donde estará disponible el pliego de bases y condiciones, junto con la documentación completa de la operación.
El llamado se publicará durante diez días hábiles en el Boletín Oficial y en el portal internacional DgMarket del Banco Mundial, además de difundirse en los sitios web del Ministerio de Economía y AySA. Según el cronograma oficial, los interesados podrán realizar consultas sobre el pliego hasta el 12 de agosto próximo. La presentación de ofertas vencerá el 27 de agosto a las 9:59, y ese mismo día a las 10 se concretará la apertura de sobres en un acto público electrónico.
La concesión se otorgará por un período de 30 años, con posibilidad de extenderla hasta 10 años más. Durante todo ese tiempo, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada. Esta estructura busca garantizar continuidad operativa mientras transfiere el control de la empresa a actores privados dispuestos a invertir en infraestructura y tecnología.
Antecedentes y contexto
La privatización de AySA forma parte de la estrategia más amplia del Gobierno libertario para reducir la presencia estatal en la economía. En abril pasado, el Poder Ejecutivo ya había aprobado mediante la Resolución 543/2026 que la concesión fuera por 30 años y autorizado la transferencia de acciones. Milei ha planteado la venta de activos del Estado como mecanismo clave para sanear las finanzas públicas.
AySA es responsable del suministro de agua potable y servicios de saneamiento a más de 10 millones de personas en el AMBA, una población que abarca Ciudad de Buenos Aires y municipios del Gran Buenos Aires. Antes de este lanzamiento de licitación, el Gobierno había limitado los aumentos mensuales de la tarifa de agua hasta agosto, una medida que busca controlar la inflación en un servicio esencial para millones de bonaerenses.
La privatización genera expectativas y preocupaciones en distintos sectores. Mientras algunos funcionarios confían en que el sector privado mejorará la eficiencia operativa e impulsará inversiones en reparación de tuberías y expansión de cobertura, otros advierten sobre posibles aumentos de tarifas y riesgos en el acceso universal al agua. Los sindicatos de trabajadores de AySA también han expresado su preocupación sobre el futuro laboral del personal bajo administración privada.
Cierre
La licitación de AySA marca un hito en la agenda privatizadora del Gobierno, aunque enfrenta cuestionamientos sobre la universalidad del acceso al agua en la región más poblada del país. El éxito de la operación dependerá de la cantidad de oferentes que participen en el proceso y de las condiciones que el nuevo operador acepte para garantizar la continuidad del servicio sin impactos negativos en tarifas ni cobertura para los usuarios del AMBA.
