La defensa de Soledad Andreani, detenida por encubrimiento agravado en el femicidio de Agostina Vega, cambió de estrategia legal y ahora pivotea sobre un antecedente de salud mental que data de hace 15 años. Su abogado, Ángelo Giorgetti, reveló que la imputada sufrió una crisis posparto que podría explicar su actual estado psicológico y cuestionar su responsabilidad en los hechos. La acusada fue internada en un centro neuropsiquiátrico de Córdoba tras descompensarse después de su arresto, lo que motivó que su defensa buscara argumentos clínicos para intentar desvincularse de cualquier acción delictiva relacionada con la muerte de la adolescente de 14 años.

La salud mental como escudo defensivo

Según informó la defensa, ese episodio de depresión posparto ocurrido hace exactamente una década y media configuró “una sensibilidad latente” en la estructura psicológica de Andreani. El argumento legal que construye Giorgetti sostiene que la crisis que experimentó en la comisaría no fue simulada sino la “reactivación de un trauma de salud mental preexistente”, agudizado por el estrés extremo derivado de su reciente detención y el escrutinio público intenso que rodea el caso. La propietaria del Ford Ka negro se descompensó en custodia policial, hecho que fue documentado médicamente y que ahora integra su carpeta clínica.

Esta línea argumentativa busca instalar ante la Justicia una perspectiva de atenuación de responsabilidad. El equipo defensor intenta contrarrestar la fuerte presión institucional que pesa sobre Andreani desde el hallazgo del cuerpo desmembrado de Agostina Vega. El fiscal de instrucción Raúl Garzón mantiene firme la imputación por encubrimiento agravado, mientras que Claudio Barrelier permanece como principal acusado del homicidio. Sin embargo, la estrategia de la defensa apunta a relativizar la capacidad de discernimiento y voluntad de la detenida al momento de los hechos, utilizando la vulnerabilidad psicológica como eje central de su postura procesal.

El abogado explicó que ese desequilibrio hormonal y emocional de hace 15 años generó una predisposición que “terminó por hacer eclosión” bajo las condiciones extremas del estrés carcelario y mediático. De este modo, la defensa pretende diferenciar entre una simulación procesal —que implicaría un cálculo consciente— y la manifestación de patología preexistente reactivada por circunstancias externas. Este argumento podría tener peso en audiencias futuras ante los jueces, aunque el fiscal mantiene su posición sobre la responsabilidad penal de la acusada.

Descartadas las acusaciones sobre consumo problemático

En paralelo, la defensa de Andreani salió a desmentir categóricamente cualquier vinculación de su defendida con el consumo de estupefacientes. Cuando se le consultó sobre este tema, Giorgetti fue rotundo: “Ella no consume estupefacientes”. Esta aclaración surge en el contexto de especulaciones públicas y periodísticas que circulaban en torno a posibles hábitos problemáticos de la imputada, algo que su abogado negó de manera tajante.

La estrategia defensiva apunta entonces a presentar un cuadro de vulnerabilidad psicológica originada en un evento médico legítimo —la depresión posparto— y potenciada por circunstancias actuales, descartando variables que pudieran agraviar aún más su situación legal. La acusada fue interrogada por el fiscal Garzón tras su arresto, momento en el cual tuvo la descompensación que derivó en su internación neuropsiquiátrica. Desde entonces, su defensa trabaja para construir un relato que humanice su posición ante los tribunales, sin negar su implicancia legal pero contextualizándola dentro de limitaciones psicológicas documentadas.

El caso sigue su curso en la justicia cordobesa. Mientras Barrelier enfrenta acusación de homicidio agravado por femicidio, Andreani deberá comparecer ante los jueces enfrentando la imputación por encubrimiento. Las próximas audiencias serán determinantes para evaluar si los argumentos sobre su salud mental tienen incidencia en las decisiones judiciales, o si el fiscal logra mantener la línea de responsabilidad penal que ha esbozado desde el inicio de la investigación.