El juez federal Ariel Lijo ordenó este martes el levantamiento del registro de llamadas entrantes y salientes de Marcelo Grandio, el empresario de medios vinculado al entorno del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La medida se enmarca en la causa que investiga el presunto financiamiento irregular de un vuelo privado con destino a Punta del Este.
La justicia busca reconstruir la red de contactos del empresario
La resolución judicial representa un avance significativo en la instrucción penal que tramita en los tribunales de Comodoro Py. El magistrado busca determinar con precisión los vínculos entre Grandio y funcionarios del Gobierno nacional durante el período en que se realizó el polémico traslado a Uruguay.
El objetivo principal de la fiscalía interviniente es constatar la frecuencia de los contactos entre el empresario y la Jefatura de Gabinete. Los investigadores intentan establecer si el financiamiento del vuelo privado guarda alguna relación con beneficios comerciales que sus empresas pudieron haber obtenido del Estado.
El levantamiento de los registros telefónicos se considera una pieza clave para el avance de la investigación. La información permitirá al equipo forense analizar las comunicaciones y cruzar datos con otras pruebas recolectadas en el expediente.
La TV Pública confirmó múltiples contratos con la productora de Grandio
En paralelo a la medida sobre las comunicaciones, las autoridades del canal estatal remitieron un informe oficial al juzgado de Lijo con información relevante para la causa. El documento confirma que, desde 2024, la TV Pública mantuvo al menos seis contratos vigentes con Imhouse, la productora de contenidos fundada y dirigida por Marcelo Grandio.
La información aportada por la emisora será analizada minuciosamente por los peritos para verificar la legalidad de las contrataciones. Los investigadores buscan determinar si las mismas cumplieron con los procesos de licitación correspondientes según la normativa de compras públicas.
La coincidencia temporal entre los contratos estatales y el viaje a Punta del Este constituye uno de los ejes centrales que intenta desentrañar la investigación judicial. La fiscalía evalúa si existieron irregularidades o dádivas que configuren algún tipo de delito.
La causa se inició tras una denuncia que puso bajo la lupa el financiamiento del vuelo privado. El caso involucra también a jubiladas que habrían prestado dinero a Adorni para la compra de una propiedad en el barrio porteño de Caballito, un hecho que amplió las aristas de la investigación judicial en curso.