El jefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta una presión política sin precedentes por la demora en presentar su declaración jurada patrimonial. Bajo fuego cruzado de la oposición y críticas emergentes desde el propio oficialismo, el exvocero presidencial promete entregar la documentación ante la Oficina Anticorrupción antes de que comience la feria judicial de invierno. Sin embargo, aún no confirmó una fecha exacta. El Gobierno había prorrogado el vencimiento para todos los funcionarios hasta el 31 de julio, pero la tardanza de Adorni generó sospechas, especialmente después de que el presidente Javier Milei asegurara semanas atrás que la documentación ya estaba lista.
La investigación judicial que acecha al funcionario
La Justicia avanza en una investigación liderada por el fiscal Gerardo Pollicita que busca detectar inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y sus gastos registrados durante los últimos años. El expediente incluye análisis sobre refacciones en una vivienda ubicada en Exaltación de la Cruz y movimientos patrimoniales que despertaron dudas entre los investigadores. La declaración jurada será clave para aclarar esas sospechas.
Paralelamente, existe una segunda causa relacionada con el presunto uso de recursos públicos. Los investigadores analizan la participación de familiares en traslados oficiales y el uso de vuelos privados, aspectos que quedaron bajo sospecha. En la última declaración jurada que presentó en 2025, Adorni informó inmuebles, dólares en efectivo y una cuenta en Estados Unidos, pero omitió una propiedad en un country registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Esta omisión generó preguntas sobre la completitud de la información proporcionada.
Presión interna y externa que lo acorrala
La demora no solo desató críticas de bloques opositores. Dentro del propio gobierno aparecieron cuestionamientos públicos sobre la conveniencia de postergar indefinidamente la entrega de documentación. La senadora nacional Patricia Bullrich y la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamaron públicamente que los funcionarios hagan públicos sus datos patrimoniales, marcando una distancia incómoda con Adorni. Sectores opositores incluso intentaron avanzar en la Cámara de Diputados con pedidos para que brindara explicaciones sobre su patrimonio.
La situación se tornó insostenible cuando surgieron las primeras investigaciones judiciales. El propio presidente Milei había prometido transparencia absoluta en su administración, lo que generó expectativa sobre cómo se resolvería el caso de su jefe de Gabinete. Las promesas incumplidas sobre entregas inminentes erosionaron la credibilidad del funcionario, quien ahora intenta cerrar la polémica con una presentación que, al menos hasta ahora, sigue sin fecha confirmada.
Perspectivas y cierre
Adorni enfrenta un dilema político delicado: la demora refuerza sospechas mientras que la presentación inmediata podría abrir nuevas líneas de investigación. Fuentes cercanas al funcionario sostienen que la documentación llegará antes del receso, pero el margen legal disponible hasta el 31 de julio le permite postergar el momento. En un gobierno que se posiciona como anticorrupción, la situación de su jefe de Gabinete representa un test de credibilidad que trasciende lo administrativo.
