Manuel Adorni presentó su declaración jurada patrimonial integral ante la Oficina Anticorrupción después de meses de postergaciones. El jefe de Gabinete informó detalles de su patrimonio correspondiente al 2025, un acto que generó tensiones internas en el gobierno y disparó cuestionamientos en el arco político opositor.
El documento público detalla los activos financieros, tenencias de efectivo y bienes inmuebles del funcionario, cuyo crecimiento patrimonial fue atribuido por el propio Adorni a inversiones tempranas en Bitcoin. Las explicaciones del vocero presidencial sobre el origen de sus fondos reavivaron debates sobre transparencia en la administración Milei, en momentos donde el gobierno pregona lucha contra la corrupción como uno de sus ejes principales.
El patrimonio de Adorni bajo la lupa
Según la declaración jurada, el jefe de Gabinete posee una participación del 50% en un departamento para vivienda ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es propietario de inmuebles en La Plata y un lote en el barrio privado de Exaltación de la Cruz. Todas estas propiedades mostraron actualizaciones de valor respecto a las declaraciones iniciales presentadas al asumir su cargo en 2023.
En cuanto a activos líquidos, el funcionario reporta fondos depositados en cuentas bancarias nacionales e internacionales en moneda extranjera, sumado a tenencias de dólares estadounidenses en efectivo. Sin embargo, fue la explicación sobre el crecimiento patrimonial la que generó mayor controversia. “El incremento de mi patrimonio se debe a inversiones en Bitcoin realizadas de manera temprana”, expresó Adorni en declaraciones televisivas previas a la presentación oficial.
Este argumento, aunque jurídicamente válido, alimentó críticas sobre la rapidez con que funcionarios cercanos al presidente Javier Milei han acumulado riqueza. Los datos patrimoniales declarados muestran variaciones significativas respecto a presentaciones anteriores, lo que motivó que la Justicia Federal solicitara copias certificadas del estado de situación patrimonial para análisis de consistencia legal.
Tensiones en el gabinete y análisis judicial
La difusión de la declaración jurada generó inmediatas reacciones dentro del propio oficialismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó públicamente sus reparos ante la situación, calificando los retrasos administrativos como “más que un error”. La vicepresidenta Victoria Villarruel también se distanció del funcionario, señalando las demoras en el cumplimiento de plazos de transparencia obligatorios.
Estas críticas internacionales contrastan con el discurso anticorrupción que caracteriza al gobierno de Milei desde su asunción. Los retrasos en la presentación de la declaración jurada, ocurrida después de meses de postergaciones, generaron interpretaciones sobre posibles inconsistencias que requerían ajustes previos a la presentación oficial.
Paralelamente, magistrados del fuero federal analizan los flujos de fondos y las declaraciones patrimoniales previas del jefe de Gabinete para determinar la consistencia legal de los activos declarados. La Justicia busca descartar figuras de omisión maliciosa en los informes públicos obligatorios, un análisis que suma presión política sobre Adorni en medio de una gestión que enfrenta críticas por falta de transparencia en cuestiones de corrupción.
En tanto, la declaración jurada se convierte en un caso de tensión política al interior de un gabinete que atraviesa diferencias de criterio respecto al cumplimiento de normativas de transparencia fiscal y patrimonial. Los cuestionamientos opositores se centran en la brecha entre el discurso anticorrupción del gobierno y los tiempos reales de cumplimiento de obligaciones legales que imponen a los funcionarios públicos.
