La investigación contra Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, por presunto enriquecimiento ilícito continúa con ritmo acelerado en los tribunales federales de Comodoro Py. Esta semana se registraron declaraciones de prestamistas y jubiladas que financiaron compras inmobiliarias del funcionario, mientras paralelamente avanza la pesquisa sobre posibles licitaciones direccionadas a empresas vinculadas a su esposa y refacciones integrales en propiedades a su nombre.

El lunes pasado, dos de las principales prestamistas de Adorni se presentaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. Se trata de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes financiaron directamente la compra de uno de sus inmuebles. Ambas permanecieron casi tres horas en los tribunales sin dirigirse a la prensa tras sus declaraciones. Según trascendió, confirmaron ante el fiscal que Adorni ya devolvió treinta mil dólares de la deuda contraída, aunque aún debe setenta mil más con intereses. El plazo para cancelar la totalidad vence en noviembre próximo. La presencia de estas prestamistas es central en la causa, ya que sus financiamientos aparecen como operaciones clave para acceder a las propiedades investigadas.

El martes la Justicia Federal dio a conocer que investiga si el Gobierno nacional direccionó licitaciones millonarias hacia empresas vinculadas a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Se busca determinar si hubo favoritismo hacia un entramado de compañías tecnológicas que mantendrían relaciones comerciales con la consultora de la funcionaria. Esta línea investigativa apunta a posibles conflictos de intereses entre el cargo público que ostenta Adorni y negocios privados de su familia política.

El miércoles fue el turno de Claudia Sbabo, una de las “famosas jubiladas” de la causa que financió el departamento que Adorni adquirió en Caballito. Su declaración ante el fiscal Pollicita se enmarca en un patrón que emerge de la investigación: el financiamiento de propiedades mediante préstamos de particulares que no quedan registrados en circuitos convencionales.

Ese mismo día también se conoció que la Justicia investiga refacciones integrales realizadas en el departamento de Caballito entre mayo y noviembre de 2025, mientras aún estaba a nombre de Beatriz Viegas y Sbabo. Las obras incluyeron renovación completa de cocina con muebles y artefactos nuevos, refacción total de dos baños, vestidor en dormitorio principal, reemplazo de pisos interiores y exteriores, y refacción del lavadero. La magnitud de las reformas, realizadas mientras la propiedad aún estaba a nombre de terceros, genera interrogantes sobre los fondos utilizados y las transferencias realizadas.

Antecedentes y repercusiones

El caso “Adornigate” comenzó como una investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras constatar que el jefe de Gabinete habría adquirido múltiples propiedades en tiempo récord con ingresos que no explicarían tales adquisiciones. A medida que avanzó la pesquisa, emergieron detalles sobre viajes al exterior con su familia, remodelaciones costosas y vínculos comerciales que cruzaban el ámbito privado con funcionarios públicos.

Esta semana también se conoció que el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires abrió un expediente para investigar la escribana de Adorni por posibles irregularidades en los trámites inmobiliarios del funcionario. Los escribanos desempeñan un rol crucial en la legitimación de operaciones inmobiliarias, por lo que cualquier anomalía en sus registros podría reforzar la hipótesis de operaciones fuera de circuitos convencionales.

La relación entre Adorni y el periodista Marcelo Grandío también continúa siendo objeto de investigación, aunque los detalles específicos se mantienen bajo reserva judicial. Fuentes judiciales señalan que existen líneas de pesquisa que conectan a diferentes actores dentro de la trama investigada.

El fiscal Pollicita mantiene activa la estrategia de citaciones escalonadas, lo que sugiere que la investigación continuará con nuevas declaraciones en las próximas semanas. La presencia de múltiples líneas de indagación —financiamientos irregulares, licitaciones posiblemente direccionadas, obras sin justificación aparente e irregularidades notariales— conforma un cuadro complejo que trasciende a un funcionario individual y toca aspectos de gobernanza y probidad institucional.

El jefe de Gabinete no ha emitido declaraciones públicas recientes sobre la causa, mientras que el Gobierno nacional mantiene una postura de relativo silencio institucional respecto a la investigación que afecta a uno de sus principales funcionarios. El caso continúa bajo seguimiento en Comodoro Py con vistas a determinar si existen elementos que justifiquen avanzar hacia instancias procesales más avanzadas.