La Libertad Avanza logró sancionar el dictamen de mayoría en su proyecto sobre morosidad familiar en la Cámara de Diputados, con el apoyo decisivo del PRO y la Unión Cívica Radical. Durante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, la iniciativa oficial acumuló 32 firmas, superando las 27 rúbricas que sumaron Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica. El debate quedó planteado para definirse en el recinto el 7 o el 14 de octubre próximo, cuando se votará cuál de las propuestas avanzará hacia la sanción de ley.

Dos visiones opuestas sobre el crédito y el endeudamiento

El proyecto del oficialismo, denominado “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores”, prioriza herramientas informativas y preventivas. Propone brindar detalles completos a los usuarios sobre sus obligaciones crediticias para evitar situaciones irregulares, pero rechaza explícitamente intervenir con tasas máximas o planes de refinanciación para deudores en mora crítica.

Los ejes principales de la iniciativa de LLA incluyen: precancelación de deudas, trazabilidad completa de obligaciones y acceso gratuito al perfil de riesgo dentro de entidades bancarias y plataformas digitales. Durante el debate, la diputada oficialista Silvana Giudici criticó duramente los proyectos alternativos. “Muchos proponían un atajo a la morosidad”, señaló, e instó a “mirar al futuro y ser capaces de no aplicar parches que terminen provocando la caída del régimen financiero”.

Giudici enfatizó que la propuesta busca “plantear herramientas que vigorizan el sector crediticio, dan estabilidad jurídica y transparencia a los usuarios”. Antes de las firmas de dictámenes, participaron del debate el vicepresidente del Banco Nación, Alejandro Henke, y Nicolás Ferro, director del Banco Central de la República Argentina, quien aportó una perspectiva técnica sobre la situación del sistema crediticio.

La alternativa de la oposición: refinanciación y alivio inmediato

La propuesta de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, titulada “Ley de Regularización y Alivio Financiero”, plantea un enfoque radicalmente distinto. Busca declarar la emergencia financiera por 180 días e implementar un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con mora superior a 60 días en deudas de hasta dos canastas básicas totales (actualmente 3.200.000 pesos).

Este mecanismo establece que la cuota máxima no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales de cada deudor. La iniciativa contempla que los ciudadanos tramiten voluntariamente la adhesión ante sus acreedores, pero si éstos rechazan la gestión, interviene directamente el Banco Central para arbitrar una solución.

Mientras el oficialismo subraya la necesidad de fortalecer el mercado crediticio con reglas claras y transparencia, la oposición argumenta que muchas familias argentinas están en emergencia y requieren alivio inmediato. Argentina Federal, a través de sus diputados Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, presentó un tercer dictamen de minoría con su propia perspectiva sobre el tema. La votación en el recinto definirá qué camino seguirá el país frente al creciente problema de la morosidad en el sistema financiero.

El debate reflejó dos concepciones opuestas: una enfocada en regulación y educación crediticia, y otra que prioriza medidas de emergencia para aliviar la presión sobre deudores morosos. Ambas iniciativas reconocen la gravedad de la situación, pero divergen completamente en las soluciones propuestas para atacar un problema que afecta a miles de argentinos.