El juez federal Ernesto Kreplak procesó sin prisión preventiva a Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, exmáximas autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), respectivamente. La decisión llega en el marco de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado producido por los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, un caso que hasta ahora vincula 90 muertes con el consumo del medicamento adulterado.
El fallo contra las exfuncionarias
El magistrado basó su resolución en la presunta responsabilidad de ambas en su carácter de funcionarias públicas con facultades de fiscalización. En el caso de Mantecón Fumado, quien fue detenida en Quilmes, Kreplak fue especialmente severo. Sostuvo que la entonces responsable del INAME “tenía pleno conocimiento del mal funcionamiento de los laboratorios” y contaba con “facultades suficientes para adoptar medidas destinadas a resguardar la salud pública”. El fallo enfatiza que Mantecón Fumado incumplió sus obligaciones profesionales al no tomar acciones preventivas pese a conocer las irregularidades en las plantas productoras.
Aunque ambas procesadas evitaron la prisión preventiva, el juez impuso medidas restrictivas significativas durante la continuidad de la causa. Entre ellas, ordenó la prohibición de salida del país para Bisio y Mantecón Fumado, lo que las vincula directamente al territorio nacional mientras se desarrolla la investigación. Complementariamente, Kreplak trabó un embargo de 500 mil millones de pesos sobre los bienes de ambas, una medida cautelar que busca garantizar futuras responsabilidades económicas derivadas de la sentencia final. El embargo representa un resguardo patrimonial ante eventuales condenas por daños y perjuicios.
La investigación penal, que se sustancia ante la justicia federal de La Plata, amplía así el círculo de responsabilidades más allá de los laboratorios productores. Los fiscales lograron vincular el fentanilo contaminado —que contiene impurezas tóxicas que lo vuelven potencialmente letal— con la falta de control estatal. El caso expone falencias en la supervisión de laboratorios que fabrican medicamentos de alto riesgo. La causa sigue abierta y se evalúan otras responsabilidades institucionales en la cadena de distribución y control del medicamento adulterado.
Antecedentes de la causa
La distribución de fentanilo contaminado se remonta a 2022, cuando comenzaron a detectarse muertes vinculadas al consumo de lotes específicos del medicamento. Usuarios de drogas inyectables murieron tras consumir lo que creían era una sustancia controlada, pero que contenía el opioide sintético adulterado con componentes letales. La escalada de fallecimientos derivó en una investigación federal que señaló a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo como responsables de la fabricación del lote contaminado.
Las detenciones de Bisio y Mantecón Fumado ocurrieron semanas atrás en operativos coordinados. Mantecón Fumado fue detenida en su domicilio de Quilmes, mientras que Bisio fue capturada en Buenos Aires. Ambas quedaron alojadas en dependencias judiciales durante varios días, hasta que el juez Kreplak resolvió otorgarles libertad bajo medidas cautelares. Los fiscales sostienen que ambas exfuncionarias tenían información sobre irregularidades en las plantas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, pero no actuaron para suspender sus operaciones ni informar a autoridades competentes.
Paralelamente, otros funcionarios vinculados al caso también fueron investigados. El desvinculamiento de Lugones, otra exautoridad mencionada en la causa, marca un punto de inflexión respecto a quién será finalmente responsabilizado penalmente. La causa continúa abierta con múltiples líneas de investigación que incluyen funcionarios de diferentes niveles administrativos, personal de los laboratorios y posiblemente intermediarios en la cadena de distribución del medicamento.
Cierre
El procesamiento de Bisio y Mantecón Fumado marca un precedente significativo en casos de negligencia estatal y salud pública. Las medidas cautelares impuestas —embargo patrimonial y prohibición de salida del país— reflejan la gravedad con que la justicia federal evalúa su responsabilidad en la muerte de 90 personas. La investigación seguirá su curso para determinar sentencias definitivas y establecer responsabilidades económicas. El caso expone vulnerabilidades en el control de medicamentos de alto riesgo en Argentina.
