El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una nueva exigencia judicial tras la detección de transferencias en criptomonedas por más de 100 mil dólares, realizadas durante 2024 cuando ya ejercía como funcionario público. La Justicia le requirió que justifique el origen y destino de esos fondos, que ingresaron a sus cuentas privadas a través de las plataformas Lemon y Binance. El fiscal Gerardo Pollici y el juez Ariel Lijo detectaron estos movimientos hace más de un mes, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya lo sigue.

Adorni reconoció esta semana en una entrevista televisiva que había mentido sobre su patrimonio real. Según su versión, acumuló más de 500 mil dólares gracias a una inversión en bitcoin que nunca había declarado, realizada hace doce años con un ahorro inicial de 200 mil. Esa cantidad, que ahora incorporó a sus declaraciones juradas rectificadas, la utilizó para justificar la compra de inmuebles y el pago de deudas que hasta entonces permanecían ocultos. Sin embargo, los tribunales no dan por ciertas estas nuevas versiones, ni siquiera las que el funcionario agregó a sus DDJJ corregidas.

Lo que sí consideran prueba sólida son esas otras transferencias en criptomonedas posteriores, detectadas una vez levantado el secreto fiscal y bancario que protegía las finanzas de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. De acuerdo a fuentes judiciales, estos movimientos —que sumarían más de 100 mil dólares— llegaron entre enero y diciembre de 2024 y podrían haberse convertido a dólares físicos una vez bancarizados. Ese proceso de conversión es justamente uno de los puntos que la Justicia quiere reconstruir, porque coincide con el patrón de pagos en efectivo que, según testigos, Adorni utilizó en distintas operaciones comerciales e inmobiliarias.

Las dudas judiciales sobre las explicaciones de Adorni

En los tribunales desconfían de la narrativa que presentó el funcionario. Aunque pudiera demostrar que maneja las billeteras virtuales desde donde salieron esas ganancias, eso no alcanzaría como prueba de que fue él quien realizó esas operaciones, ya que ese tipo de billeteras también se consiguen en mercados paralelos para encubrir el origen de fondos ilícitos. Los investigadores señalan que parte de ese dinero sí fue incorporado a las nuevas declaraciones juradas, pero con cifras que no coincidirían con las que las propias firmas de criptoactivos remitieron a la Justicia.

El cambio de versión resulta significativo porque Adorni había asegurado, incluso ante el Congreso, que todas sus presentaciones patrimoniales estaban en regla. Esta semana, en cambio, admitió que él y Bettina Angeletti mantenían ahorros “en negro”, e incluso le dio un sentido ideológico a la evasión: dijo que esa era la forma en que “la vieja política” se cuidaba del Estado. La explicación no convenció a la Justicia, que profundiza la investigación iniciada hace meses por el fiscal Pollici.

El caso se enmarca en una investigación más amplia sobre presunto enriquecimiento ilícito que también involucra a otros funcionarios del gobierno nacional. Las transferencias detectadas en criptomonedas representan un desafío particular para los investigadores, debido a la complejidad de rastrear el origen de fondos en estas plataformas y su conversión a moneda de curso legal.

Adorni deberá presentar documentación que respalde el origen de los más de 100 mil dólares detectados en esas cuentas durante 2024, así como explicar cómo se utilizaron y si existe relación con las operaciones inmobiliarias y comerciales que realizó. Los tribunales también analizan la posibilidad de que estos fondos tengan origen en actividades distintas a las que el funcionario ha declarado oficialmente, lo que ampliaría el alcance de la investigación.

Reflexión de cierre

La investigación contra Adorni se complica con cada nuevo hallazgo. Las contradicciones entre sus explicaciones televisivas, sus declaraciones juradas rectificadas y la información que surge de los registros bancarios y de criptomonedas generan una brecha de credibilidad que la Justicia no está dispuesta a resolver a favor del funcionario. El próximo paso será analizar la documentación que presente en respuesta al requerimiento judicial, que podría resultar determinante para la continuidad de la causa.