El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, cerró la puerta a cualquier intervención estatal para rescatar a las familias endeudadas que no pueden pagar sus créditos. El anuncio llegó durante una conferencia de prensa este lunes en la que presentó el Informe de Política Monetaria, con un mensaje claro: el organismo no utilizará recursos del Estado para aliviar la crisis de mora bancaria, que en febrero alcanzó el nivel más alto desde 2010.

Bausili fue contundente al descartar cualquier medida de alivio para deudores particulares. Argumentó que los bancos argentinos cuentan con márgenes de capital suficientes para absorber las pérdidas en sus balances sin comprometer la estabilidad del sistema financiero. Según su criterio, no existe riesgo sistémico que justifique una intervención estatal.

Los números reflejan una situación crítica para los hogares argentinos. La morosidad de créditos de personas físicas se ubicó en 11,2% en febrero, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia de COVID-19. La cartera irregular acumuló 15 meses consecutivos de aumentos, con un salto de 8,3 puntos porcentuales en términos interanuales respecto al mismo mes del año anterior.

El contexto de fragilidad creciente

Detrás de estas cifras se esconde el deterioro económico de miles de familias porteñas y del interior bonaerense. El Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso llegó a 5,1 puntos en febrero, clasificando la situación como “Fragilidad Familiar”, y registró su décima suba mensual consecutiva desde abril de 2025.

Según el informe, el deterioro responde al caída del poder adquisitivo de los salarios, la reducción del empleo formal y la contracción de pequeñas y medianas empresas. Detrás de estos guarismos hay hogares que hacen cuentas diarias, que recortan gastos y viven con incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes. Diputados de la oposición, como Nicolás Trotta de Unión por la Patria, señalaron que estos datos revelan una crisis profunda en los ingresos familiares.

Durante la misma conferencia, Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, fue cauteloso respecto a la eliminación de restricciones cambiarias para empresas. Aclaró que la apertura del cepo “se va dando en la medida que es consistente con los demás objetivos que tiene el programa económico”, priorizando la baja de inflación. Para las compañías que aguardaban una hoja de ruta concreta hacia la libertad de movimiento de divisas, la respuesta fue que el Banco Central dilatará ese proceso enfocándose en el flujo comercial.

Bausili destacó que las empresas distribuyeron dividendos por aproximadamente 1.600 millones de dólares en lo que va del año, cifra que el organismo califica de “extraordinaria” para un contexto de salida de crisis.

Un panorama sin salidas inmediatas

La postura del BCRA cierra las expectativas de quienes esperaban medidas de alivio para deudores particulares en el corto plazo. El gobierno mantiene su enfoque en estabilidad macroeconómica y control inflacionario, dejando que el mercado ajuste por su cuenta los problemas de solvencia de los hogares.

Esta decisión genera tensión política. Mientras las familias enfrentan tasas de interés elevadas en créditos hipotecarios y de consumo, y la mora sigue batiendo récords, funcionarios como Bausili sostienen que la intervención estatal sería contraproducente para los objetivos económicos del programa.

Las restricciones cambiarias para empresas tampoco se levantarán de inmediato, lo que mantiene limitada la capacidad de algunas compañías para operar en mercados de divisas y bonos de manera simultánea. El Banco Central subordina cualquier apertura a la evolución de la inflación, que sigue siendo la prioridad número uno del gobierno.

===CIERRE===

El Banco Central consolida una estrategia de no intervención en los problemas de endeudamiento de familias, apostando a que la estabilidad macroeconómica eventualmente mejorará las condiciones de vida. Sin embargo, con la mora bancaria en niveles récord y la vulnerabilidad familiar en ascenso, el sector que sufre las consecuencias de esta política reclama soluciones más inmediatas para aliviar la presión sobre los hogares argentinos.