ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y EXPERTOS EMITIERON UNA DECLARACIÓN CONTRA EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIO DE CAMPAÑAS

 Un grupo de organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos cuestionaron el proyecto de ley que tratará la Cámara de Diputados sobre financiamiento político y advirtieron que la reforma que habilita a las empresas a aportar fondos a las campañas electorales «debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos».
   «El financiamiento empresario de las campañas electorales profundiza la desigualdad y favorece a las elites económicas, ya que debilita la representatividad y legitimidad de los órganos democráticos y genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general», señalaron a través de un comunicado distintas entidades entre las que se contaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
   Bajo el lema «legalizar el financiamiento empresario de las campañas electorales sería un retroceso para nuestra democracia» se expresaron también Acción Colectiva, la Asociación Pensamiento Penal, el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), y las fundaciones Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Germán Abdala y Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) y el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), entre otras organizaciones.
   El 16 de abril pasado, el Senado dio media sanción a la reforma de la ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos, en la que se impulsa permitir el aporte de personas jurídicas a las campañas de los partidos políticos electorales.
   «El fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa ‘inversión’ a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector», advirtieron las entidades que se oponen a la iniciativa.
   Además, advirtieron que «a pesar de la prohibición actual, las empresas financian de manera ilegal a los partidos políticos a través de maniobras como el ocultamiento de aportes, el apoyo a actividades permanentes de los partidos que en realidad son utilizadas con fines electorales o la utilización de aportantes fachada».
   «Es claro que nuestro sistema electoral demanda mayor transparencia, pero el cumplimiento de este objetivo es independiente de legalizar una práctica que desiguala la competencia electoral, favorece la captura del Estado por parte de grupos económicos y estimula la corrupción», señalaron.
   Y advirtieron que «por el contrario, necesitamos una ley que mejore sustancialmente el control de los aportes de campaña, con un sistema moderno que asegure su publicidad y que, sancione de manera rápida y eficaz a las empresas, partidos y candidatos/as que violan la norma».
   «Asimismo, la decisión de modificar este régimen a tan poco tiempo del comienzo de un nuevo período de elecciones pone en riesgo la previsibilidad de las reglas de juego y la igualdad en la competencia electoral», subrayaron .
   Para los firmantes, «la Cámara de Diputadas/os tiene la oportunidad de revisar la media sanción del Senado y abrir un proceso de debate profundo, sin condicionamientos de tiempos e intereses de corto plazo, que derive en una decisión fundada en el mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y actores sociales».
   La declaración recibió también las firmas de académicos y expertos como Ana Castellani, Marcelo Leiras, María Esperanza Casullo, Rafael Gentili, Nicolás Freibrun, Martín Astarita, Pablo Vommaro, Sandra Torlucci y Tomás Aguerre, entre otros Martín Astarita.