La Libertad Avanza en Corrientes regularizó su situación ante la Justicia Federal tras presentar el informe final de campaña de las elecciones generales del 26 de octubre. El partido de Javier Milei había sido sancionado con una multa equivalente al 20% de sus fondos de funcionamiento por incumplimientos administrativos en la rendición de gastos electorales. Con esta documentación ya en poder del Juzgado Federal Nº 1, la filial correntina busca destrabar la suspensión cautelar de los aportes estatales que recibe.

La Justicia Electoral y la sanción administrativa

El Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes aplicó la sanción a través de la Resolución Nº 69, suspendiendo cautelarmente la entrega de recursos públicos al partido tras detectar irregularidades en la presentación de informes de campaña. La medida afectó directamente el funcionamiento de la estructura libertaria en la provincia, que depende de esos fondos para su operatividad ordinaria. Sin embargo, desde la conducción local de La Libertad Avanza aclararon que la intervención judicial se limitó a una “intimación formal” y que no hay cuestionamientos sobre el origen o destino de los fondos utilizados durante la campaña que llevó a Virginia Gallardo a su banca en la Cámara de Diputados.

La presentación de la documentación faltante se realizó conforme a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, requisito obligatorio para que la Justicia Electoral analice si corresponde levantar la suspensión de los aportes. Desde el partido insistieron en que “no existe observación alguna respecto a la rendición” de fondos y que siempre actuaron dentro de los márgenes legales. Laura Marcoré, presidenta de La Libertad Avanza en Corrientes, firmó un comunicado reafirmando el compromiso del espacio con la transparencia y el respeto institucional.

El recurso de apelación y los próximos pasos

El partido no aceptó pasivamente la sanción y ya interpuso un recurso de apelación contra la multa del 20% aplicada por el juez federal con competencia electoral. Según el descargo presentado, consideran que la penalidad es “jurídicamente improcedente y contraria al principio de legalidad”, argumentando que los incumplimientos fueron de carácter formal y no sustancial. La discusión ahora se traslada a la instancia de alzada, donde deberá definirse si la multa económica se mantiene o se revoca.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia determine si procede levantar la suspensión cautelar de los aportes públicos, un punto crítico para la estructura provincial libertaria. Mientras tanto, el caso refleja las tensiones administrativas que rodean la regularización de los partidos políticos ante los organismos electorales, un proceso que se ha vuelto más riguroso en los últimos años. La Libertad Avanza reafirmó en su comunicado que continuará actuando “conforme a derecho, con transparencia y respeto por las instituciones”, intentando cerrar un capítulo que generó ruido político en Corrientes.