El Gobierno de Javier Milei resolvió la cesación de más de 900 ofertas tecnológicas que brindaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) al entramado productivo nacional. La decisión, formalizada mediante una resolución del Consejo Directivo del organismo, generó fuertes cuestionamientos desde la oposición, que denuncia una “aniquilación sistemática” de una herramienta clave para la innovación y el desarrollo industrial.
La medida y sus alcances
El economista Hernán Letcher fue uno de los primeros en alertar sobre la decisión al difundir la resolución oficial en sus redes sociales el pasado lunes. Según su análisis, la cancelación de estos servicios no es un hecho aislado sino parte de una estrategia deliberada de desmantelamiento del instituto. Los 900 servicios suspendidos se vinculaban directamente con el sistema productivo y representaban asistencia técnica, asesoramiento en innovación y calibración de instrumentos de medición para empresas de distintos tamaños.
Letcher señaló que la gestión de La Libertad Avanza “asfixia” el funcionamiento operativo del INTI mediante recortes presupuestarios. Explicó que no se pagan viáticos, lo que impide a los equipos técnicos realizar visitas a empresas, una instancia central para la prestación de servicios. “En paralelo se paraliza la vinculación institucional. No se promueven nuevos convenios y los existentes se suspenden, se dejan caer o directamente se anulan”, denunció el economista.
El desmantelamiento no es nuevo. Desde junio de 2024, el INTI recorta o modifica líneas de trabajo a razón de una o dos por mes. En octubre de 2025, se cesaron las competencias del Servicio Argentino de Calibración. Posteriormente, mediante la Resolución 213/25 dictada en diciembre, el organismo dejó de cumplir funciones en metrología legal, calibración y aprobación de modelos de instrumentos de medición, competencias que son críticas para la industria nacional.
Críticas desde la oposición y el impacto en la industria
Desde el arco opositor alertan que esta política responde a una concepción que “prescinde de la industria”. Letcher sentenció: “El país de Milei prescinde de la industria. Por eso busca desmantelar una herramienta clave para la innovación, la asistencia técnica y el desarrollo industrial como el INTI”. La crítica apunta a que el Gobierno prioriza un modelo económico basado en la desregulación y la reducción estatal, incluso cuando eso afecta instituciones que históricamente han sido fundamentales para sostener el tejido productivo local.
El INTI, creado en 1957, fue durante décadas un pilar de apoyo para pequeñas y medianas empresas, especialmente en rubros como metalurgia, electrónica, alimentos y textil. Sus servicios de asesoramiento técnico, calibración de máquinas y desarrollo de procesos permitieron a miles de empresas mejorar competitividad y calidad. La cancelación de 900 ofertas representa una reducción drástica de esta capacidad de asistencia.
La oposición también cuestiona cambios recientes en la conducción del INTI y del INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial), organismos que el Gobierno modificó para alinearlos con su visión de menor Estado. Estos cambios se enmarcan en una política más amplia de reducción de estructuras estatales que el Gobierno considera redundantes o ineficientes.
Cierre
La decisión del Gobierno refleja una visión ideológica sobre el rol del Estado en la economía, pero genera preocupación en sectores que dependen del acompañamiento técnico para innovar. Para la oposición, el desmantelamiento del INTI evidencia una falta de estrategia industrial en un país que históricamente ha buscado fortalecer su capacidad productiva. Las consecuencias de esta política recién comenzarán a evidenciarse cuando empresas que necesitaban servicios de asistencia técnica deban buscarlos en el sector privado a costos más altos o simplemente dejen de hacerlo.
