Un nuevo frente de conflicto se abrió entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires por la licitación de más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan territorio bonaerense. El Gobierno de Axel Kicillof denunció que el ministro de Economía, Luis Caputo, modificó las condiciones del concurso para excluir a la empresa estatal Aubasa, que se había presentado como oferente para administrar corredores estratégicos en un negocio valuado en más de 170 mil millones de pesos.
Una licitación millonaria con reglas cambiantes
En febrero de este año, el Gobierno Nacional convocó a licitación pública para concesionar 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, como parte del proceso de privatización de la Red Federal de Concesiones. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 112/2026, alcanza corredores clave en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
Kicillof vio una oportunidad y presentó a Aubasa, la empresa vial estatal que ya administra casi mil kilómetros de autopistas provinciales, como competidora ante una decena de firmas privadas. “El Estado no se retira de su rol de sostener la infraestructura provincial”, argumentó el gobernador, en clara contraposición al lema libertario de “obra pública cero”.
En territorio bonaerense, la licitación incluye la ruta nacional 5 desde Luján hasta La Pampa, la ruta 205 entre Cañuelas y Bolívar, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la ruta 226 hacia Mar del Plata y el Acceso Sur con las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.
La denuncia provincial y el conflicto de fondo
Según una presentación realizada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, entre diciembre y febrero “se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron las condiciones originales” del pliego. Una de las modificaciones se habría introducido sin consulta previa, a pocos días del cierre de ofertas.
Para las autoridades nacionales, que una empresa estatal se hiciera cargo de una concesión otorgada por el propio Estado contradice los principios del modelo libertario. “El Gobierno trabaja para tener una infraestructura vial más moderna, alentando la inversión privada y cuidando los recursos de los argentinos”, había difundido Caputo cuando se lanzó el concurso.
Si Aubasa resultara ganadora, la Provincia debería constituir una nueva sociedad para administrar estos tramos, según explicó el presidente de la compañía, José Arteaga. Sin embargo, la disputa amenaza con derivar en un litigio judicial que podría demorar obras que impactarían sobre millones de bonaerenses.
El abismo político entre Kicillof y Milei vuelve a obstaculizar proyectos de infraestructura crítica. Las rutas involucradas son de las más transitadas y deterioradas de la provincia, y la indefinición del proceso pone en riesgo inversiones millonarias que mejorarían la conectividad de toda la región.
